El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dejado su huella con la promulgación de una de las reformas constitucionales más controversiales de su mandato: la elección popular de jueces. Esta reforma, que transforma el Poder Judicial del país, ha generado intensos debates entre quienes la apoyan y aquellos que consideran que pone en riesgo la independencia judicial.
A pesar de los múltiples intentos por detener su avance, incluyendo recursos judiciales que alegaban irregularidades en el proceso legislativo y críticas de sectores sociales preocupados por la politización de la justicia, la reforma fue oficializada la noche del domingo con su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
“Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, expresó López Obrador en un video donde firmó la reforma en compañía de su sucesora, Claudia Sheinbaum, quien asumirá la presidencia el 1 de octubre. “Ahora sí, es el pueblo el que manda”, añadió el mandatario, quien defendió la reforma como un paso hacia un verdadero Estado de derecho en México.
Sheinbaum, que ganó las elecciones de junio con el 60 % de los votos, ha sido presentada por el oficialismo como la persona que consolidará los cambios propuestos por la administración actual. Durante su última ceremonia del “Grito de Independencia”, López Obrador proclamó: “¡Viva la justicia! ¡Viva la Cuarta Transformación!”, en referencia a su proyecto político.
La reforma judicial, aprobada en el Senado tras una tensa sesión y la ratificación por la mayoría de los 32 estados del país, ha sido un tema divisivo. Mientras que López Obrador sostiene que la medida acabará con la corrupción judicial, permitiendo sancionar a jueces corruptos, sus críticos temen que socave la independencia de los tribunales y que la justicia sea manipulada políticamente.
Los detractores argumentan que la elección popular de jueces abrirá la puerta a magistrados leales al partido en el poder, además de permitir que personas sin la experiencia necesaria ocupen posiciones clave en el sistema judicial. También advierten que esta reforma podría ser impugnada por violar tratados internacionales que exigen una justicia imparcial.
El futuro de la reforma sigue siendo incierto, ya que aún quedan numerosas dudas sobre su implementación. Además, esta es solo la primera de una serie de reformas constitucionales propuestas por López Obrador, que también incluyen la eliminación de organismos autónomos y la militarización de la Guardia Nacional, cuerpo originalmente creado para operar bajo mando civil.
