Sindicatos de maestros, comunidades indígenas y centrales obreras salieron a las calles entre cuestionamientos a un nuevo decreto de control policial
Las principales avenidas de Bogotá, Medellín, Cali y diversas capitales departamentales fueron escenario este miércoles de multitudinarias manifestaciones ciudadanas convocadas por el magisterio público, organizaciones indígenas y confederaciones sindicales, marcando el primer pulso callejero de envergadura que afronta el presidente Abelardo de la Espriella tras completar sus primeros dos meses en la Casa de Nariño. Las marchas articularon un abanico de reivindicaciones que van desde la defensa de la salud docente y la reconstrucción de escuelas colapsadas hasta el rechazo frontal a megaproyectos extractivistas en resguardos ancestrales.
Reclamos del magisterio y comunidades indígenas
La convocatoria cobró especial vigor con el respaldo unánime de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y la Asociación Distrital de Educadores (ADE), gremios que denunciaron presuntas campañas de estigmatización institucional y reclamaron celeridad en la rehabilitación de los planteles educativos dañados durante el fuerte sismo del pasado 10 de agosto. Simultáneamente, delegaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) marcharon en el suroccidente del país, encabezadas por el consejero mayor Edinson Peña, quien advirtió que las políticas iniciales del Ejecutivo amenazan la autonomía de sus territorios e intentan desconocer a las autoridades tradicionales como interlocutores legítimos del Estado.
El debate en torno al nuevo decreto de orden público
La temperatura política de la jornada se vio incrementada por la entrada en vigor del Decreto 1525 de 2026, suscrito por el mandatario en la víspera de las marchas para regular la actuación policial durante protestas sociales. Aunque la normativa estipula el principio de uso mínimo de la fuerza y aclara que el bloqueo parcial de vías no constituye de por sí un acto violento, faculta a los uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) a proceder de manera directa contra quienes empleen armas o artefactos incendiarios sin necesidad de agotar instancias previas de mediación.
Mientras el ministro del Interior, Rodrigo Lara, defendió la medida como un instrumento democrático y garantista diseñado para preservar la movilidad ciudadana frente a posibles desmanes, dirigentes de oposición y colectivos de derechos humanos calificaron el texto de lesivo e intimidatorio. Pese a la tensión latente y a los bloqueos viales en arterias como la carrera séptima y la avenida NQS en la capital, las concentraciones avanzaron hacia la emblemática Plaza de Bolívar de forma pacífica, consolidando un termómetro decisivo sobre la capacidad de movilización que conserva la oposición social frente al rumbo conservador trazado por la administración central.
