La medida contempla la eventual excarcelación de unos 5.000 reclusos procesados por labores de apoyo logístico que no hayan participado en homicidios ni crímenes de sangre
En un pronunciamiento que introduce un matiz inédito a la estricta política penitenciaria salvadoreña, el presidente Nayib Bukele informó este sábado que su administración otorgará beneficios penitenciarios a la mitad de los reclusos procesados o sentenciados en calidad de colaboradores de estructuras pandilleras. La disposición, que podría representar la excarcelación condicionada de aproximadamente 5.000 internos, se aplicará de forma exclusiva a personas vinculadas a funciones periféricas o de apoyo menor que no registren antecedentes por hechos de sangre ni participación material en extorsiones agravadas.
Evaluación técnica y diferenciación penal
Durante su alocución oficial, el mandatario precisó que la concesión de estos beneficios no implicará un indulto indiscriminado ni abarcará a los cuadros operativos o jerárquicos de las pandillas. En ese orden, los cabecillas, palabreros, gatilleros y autores confesos de asesinatos permanecerán recluidos en centros de máxima seguridad como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) bajo un régimen de aislamiento estricto y sin posibilidad de acceder a redenciones de pena.
Los potenciales favorecidos corresponden a la figura penal de colaboradores —denominados popularmente como “postás” o vigilantes barriales y “paros”— que asumían tareas de mensajería, alertas viales o abastecimiento sin estar fichados formalmente como miembros plenos de las clicas. Cada expediente será sometido a un minucioso análisis individual que medirá el arraigo familiar, los informes de conducta dentro del sistema carcelario y el cumplimiento de programas de trabajo comunitario y capacitación técnica.
Debate sobre el régimen de excepción y hacinamiento
El anuncio coincide con los debates internacionales en torno a la sostenibilidad a largo plazo del régimen de excepción vigente en el país centroamericano desde marzo de 2022, marco legal extraordinario que ha permitido la detención de más de 80.000 personas. Mientras diversos sectores de la ciudadanía respaldan los índices históricos de reducción de homicidios logrados por el Ejecutivo, organismos defensores de derechos humanos y juristas independientes venían señalando con insistencia el riesgo de encarcelamiento prolongado para jóvenes sin historial delictivo grave y la sobrepoblación en los recintos penitenciarios.
Con esta decisión, el gobierno salvadoreño busca descongestionar los centros penitenciarios secundarios y abrir una vía de reinserción controlada para aquellos reclusos cuya peligrosidad social haya sido descartada por los tribunales y comités criminológicos, manteniendo incólume la doctrina de mano dura contra los núcleos duros del crimen organizado.
