La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó en primera legislatura una reforma integral a la Constitución Política que veta formalmente la participación de partidos y líderes de oposición en cualquier proceso electoral del país centroamericano.
El nuevo articulado inhabilita para optar a cargos de elección popular a todas aquellas personas y organizaciones políticas que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo catalogue bajo las figuras jurídicas de “golpistas”, “traidores a la patria” o que hayan respaldado sanciones internacionales contra el Estado nicaragüense.
Asimismo, la enmienda constitucional extiende los mandatos de los copresidentes y otros funcionarios electos de seis a siete años, al tiempo que prolonga indefinidamente los períodos de servicio de las jefaturas del Ejército y la Policía Nacional, consolidando el control absoluto del oficialismo sobre las instituciones estatales.
La maniobra legislativa desató una enérgica condena por parte de la comunidad internacional; la Organización de los Estados Americanos (OEA) convocó una reunión extraordinaria de cancilleres para evaluar la situación, mientras gobiernos del continente y organizaciones de derechos humanos denunciaron el establecimiento definitivo de un régimen autocrático de partido único.
