En el marco del Día de la Independencia, la presidenta peruana Dina Boluarte ofreció su informe anual ante un Congreso con notable ausencia de legisladores y bajo un clima de protestas en las calles de Lima. El discurso, que se extendió por cerca de cinco horas, abordó diversos temas de interés nacional y anunció algunas medidas en materia de seguridad y economía.
Entre los anuncios más destacados, Boluarte reveló la creación del Ministerio de Infraestructura, destinado a impulsar obras en todo el territorio nacional. Además, propuso el cambio de nombre del Ministerio del Interior a Ministerio de Seguridad, buscando enfatizar la atención a los ciudadanos. En el ámbito económico, mencionó la reactivación de un plan minero que podría generar una producción significativa de cobre.
El evento estuvo marcado por la tensión social que persiste en el país. Mientras la mandataria exponía en el Congreso, familiares de las víctimas de las protestas de 2022 y 2023 intentaron acercarse al recinto legislativo, siendo contenidos por las fuerzas de seguridad. Estas manifestaciones reflejan el descontento de una parte de la población que exige justicia y responsabilidades por los sucesos ocurridos durante los primeros meses del gobierno de Boluarte.
La presidenta enfrenta actualmente una baja aprobación popular y diversos desafíos políticos. Su administración, que comenzó en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo, ha sobrevivido a varios intentos de destitución gracias al apoyo de una coalición parlamentaria. Sin embargo, tanto el Ejecutivo como el Legislativo enfrentan altos niveles de desaprobación según recientes encuestas.
Boluarte también afronta investigaciones de la fiscalía por presuntos delitos de cohecho y por su supuesta responsabilidad en las muertes ocurridas durante las protestas. Estos procesos añaden presión a su gestión y alimentan la incertidumbre política en el país.
El extenso informe presidencial y las circunstancias que lo rodearon ponen de manifiesto los complejos desafíos que enfrenta Perú en materia de gobernabilidad, justicia social y reconciliación nacional.
