Tras cinco años de encierro y denuncias de torturas en Puerto Príncipe, los connacionales deberán responder ante la justicia federal por el asesinato del mandatario haitiano
Luego de permanecer privados de su libertad durante más de cinco años en prisiones de Puerto Príncipe, un grupo de 17 militares retirados colombianos vinculados a la investigación por el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse fue formalmente trasladado a Estados Unidos para comparecer y responder ante los tribunales de la justicia federal estadounidense.
La operación de traslado marca un punto de inflexión trascendental en el dilatado expediente judicial derivado del magnicidio cometido la madrugada del 7 de julio de 2021, cuando un comando armado irrumpió violentamente en la residencia privada del mandatario en el sector de Pèlerin 5, en la capital haitiana, arrebatándole la vida a disparos y dejando gravemente herida a su esposa, Martine Moïse.
Reclamos de engaño y presuntas órdenes falsas
En declaraciones concedidas a Caracol Radio, Julián Limas, hermano del soldado profesional retirado John Jairo Ramírez —uno de los procesados incluidos en la comitiva de extradición—, expresó el impacto de las familias ante la medida y reiteró la tesis que han defendido a lo largo de este quinquenio: que los uniformados viajaron bajo engaño contractual.
“Durante estos cinco años hemos insistido en que nuestros familiares fueron engañados por una empresa de seguridad que los reclutó en Colombia con promesas laborales legítimas. De acuerdo con las pruebas y testimonios aportados en el proceso en Estados Unidos, ellos llegaron a Haití para brindar seguridad e intervenir bajo el amparo de una supuesta orden de captura oficial que con posterioridad se demostró que era completamente falsa”, aseveró Limas.
Denuncias formales por torturas en prisiones haitianas
El familiar también denunció las precarias e infrahumanas condiciones carcelarias que padecieron los connacionales durante su prolongado encierro en el país caribeño, asegurando que fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes que fueron documentados y radicados formalmente mediante acciones de tutela ante la justicia colombiana.
“Los colombianos que se encontraban detenidos en Haití sufrieron torturas sistemáticas. En las acciones judiciales que presentamos en Colombia dejamos constancia probatoria de los vejámenes y lesiones que padecieron”, subrayó, al tiempo que cuestionó la estigmatización mediática anticipada que los calificó como mercenarios antes de agotarse el debido proceso judicial.
Con su llegada a suelo norteamericano, los 17 exmilitares quedarán a disposición de jueces y fiscales federales en el Distrito Sur de Florida, instancia que ya ha juzgado y condenado a cadena perpetua a varios empresarios, financistas e intermediarios haitiano-estadounidenses que conspiraron en la trama criminal que desencadenó el colapso político e institucional de Haití.
