La demanda civil de una exalumna contra miembros de una fraternidad reabre el debate sobre la impunidad de las agresiones sexuales en las universidades de élite
La Universidad de Cornell, una de las instituciones académicas más prestigiosas de Estados Unidos, enfrenta una profunda crisis institucional y pública tras la presentación de una demanda civil de ciento una páginas interpuesta por una exestudiante que denuncia haber sido drogada y agredida sexualmente por siete miembros de la fraternidad Chi Phi en el campus de Ithaca. El caso, conocido en el ámbito público como el de “los siete de Cornell”, reactivó la indignación ciudadana y empujó a la Fiscalía del condado de Tompkins a reconsiderar su decisión original de no presentar cargos penales, abriendo nuevamente las pesquisas tras la revelación de transcripciones policiales en las que la víctima describe con contundencia el ataque.
Los hechos denunciados se remontan a la madrugada del 20 de octubre de 2024, cuando la joven de veinte años acudió a la sede de la fraternidad a visitar a un conocido y fue sometida a un consumo forzado de ketamina, ron y marihuana hasta quedar en estado de absoluta indefensión. La demanda judicial pormenoriza que, aprovechando su incapacidad física y sensorial, los acusados cometieron agresiones sucesivas durante más de cuatro horas e incluso difundieron mensajes por plataformas digitales invitando a otros miembros a participar, una situación que concluyó cerca del amanecer cuando la víctima perdió el conocimiento antes de recibir asistencia posterior.
La respuesta institucional de la universidad suscitó severos cuestionamientos por parte de la comunidad estudiantil y líderes políticos de alcance nacional, entre ellos la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el senador federal Chuck Schumer, quienes exigieron investigaciones independientes al revelarse que varios implicados únicamente recibieron como sanción disciplinaria la redacción de ensayos académicos. Ante el malestar generalizado y las manifestaciones frente al campus, el alcalde de Ithaca ordenó la paralización temporal de permisos para festejos estudiantiles, mientras activistas comparan la repercusión del proceso con los momentos iniciales de visibilidad del movimiento de denuncia contra los abusos sexuales.
La reapertura de las diligencias ministeriales por parte del fiscal Matthew Van Houten sitúa el foco sobre los protocolos de justicia penal y los vacíos en la atención a sobrevivientes en las residencias de élite, luego de que la demandante se viera forzada a abandonar definitivamente sus estudios superiores debido al severo trauma físico y emocional sufrido. La querella civil busca ahora sentar responsabilidades legales y económicas contra los agresores directos, los directivos de las organizaciones estudiantiles y la propia casa de estudios por negligencia manifiesta en la protección de sus alumnos.
