Apenas unas horas después de que la gobernadora republicana de Iowa, Kim Reynolds, promulgó una ley que tipificará como delito estatal que inmigrantes indocumentados ingresen a Iowa después de haber sido deportados o se les haya negado la entrada a Estados Unidos, México levantó la voz.
La ley, según el anuncio oficial, está dirigida a “ciertos extranjeros”, según el texto del Archivo Senatorial 2340, lo que suscitó preguntas entre los expertos legales y las autoridades sobre cómo se aplicará.
Además, algunas voces aseguran que refleja parte de una ley de Texas que actualmente está bloqueada en los tribunales, por lo que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería) expresó su preocupación por la reciente aprobación de la iniciativa de ley antimigrante Senate File 2340.
“La ley busca la criminalización de la población migrante, ya que permitirá a oficiales de procuración de justicia a nivel local y estatal que arresten a personas inmigrantes por estancia indocumentada, y posibilita a los jueces del estado a ordenar deportaciones”, explicó la Cancillería.
