La Cámara de Diputados de México avaló dos polémicas reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, previamente aprobadas por el Senado.
CIUDAD DE MÉXICO —
México aprobó dos polémicas reformas impulsadas por Andrés Manuel López Obrador en la recta final de su mandato y a poco más de un mes de las elecciones generales del 2 de junio.
Una otorga al presidente el poder de amnistiar a quien ofrezca información comprobable en casos “relevantes para el Estado”, algo que el propio mandatario podrá determinar, lo que ha alentado temores a que pueda abrir la puerta a un uso discrecional.
La otra iniciativa reformó la ley de amparo e impedirá que los jueces puedan suspender de manera general normas y obras impugnadas en los tribunales, algo que ha paralizado numerosas iniciativas presidenciales y ha sido una de las razones del enconado enfrentamiento entre el presidente y el Poder Judicial.
La Cámara de Diputados sacó adelante las reformas, previamente avaladas por el Senado, tras un debate que se prolongó hasta pasada la medianoche gracias a la mayoría que tiene el partido oficialista, Morena, y sus socios en ambas cámaras y pese al rechazo contundente de toda la oposición.
López Obrador ha dicho que el artículo integrado a la ley de amnistía podría ayudar a esclarecer casos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el sur de México 2014 —algo a lo que se comprometió cuando llegó al poder— pero los partidos opositores lo ven como un cheque en blanco que propiciará la impunidad.
“Pongamos un límite para que la facultad de amnistía dure un año, siete o 10 años, pero no le dejemos las llaves de la cárcel eternamente a todos los presidentes del futuro”, dijo Enrique Gerardo Sosa, diputado del opositor Partido de Acción Nacional.
Hasta ahora, según la ley aprobada en 2020 por la actual administración, la posibilidad de amnistía estaba limitada a mujeres acusadas de abortar o a personas vulnerables encarceladas por delitos como robo simple o sedición y antes de concederse tenía que haber una decisión previa de una comisión formada por varias entidades.
Pero el nuevo artículo da al presidente la facultad de otorgar amnistía de forma directa “a personas que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano”. El mismo mandatario tendrá, por tanto, la facultad de decidir cuáles son relevantes y cuáles no.
