Un tribunal en Rusia ha sentenciado a Robert Gilman, exmarine estadounidense, a siete años y un mes de prisión por agresiones cometidas contra un trabajador de prisiones y un investigador estatal, según informó la fiscalía local. Gilman es uno de al menos diez ciudadanos estadounidenses actualmente encarcelados en Rusia, en medio de crecientes tensiones diplomáticas.
Gilman, de 30 años, ya se encontraba cumpliendo una sentencia de tres años y medio por agredir a un agente de policía mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol, un incidente por el cual fue condenado en octubre de 2022. La nueva condena se dictó por dos ataques separados ocurridos en la ciudad de Vorónezh, ubicada a 500 km al sur de Moscú, durante el otoño de 2023.
De acuerdo con las autoridades locales, el primer incidente involucró a un empleado de la prisión, mientras que el segundo fue contra un investigador estatal. Ante el tribunal, Gilman se declaró culpable de ambos cargos, argumentando que reaccionó en defensa propia. Según explicó, el trabajador de la prisión le causó dolor físico en la zona genital, mientras que el investigador lo habría provocado con insultos hacia su familia.
La embajada de Estados Unidos en Moscú no ha emitido comentarios al respecto, y Reuters tampoco pudo obtener respuesta inmediata de los abogados de Gilman. La agencia estatal rusa RIA señaló que Gilman había viajado a Rusia con la intención de estudiar y, eventualmente, obtener la ciudadanía rusa.
Este caso se enmarca en un contexto de creciente tensión entre Rusia y Estados Unidos, en el que varios ciudadanos estadounidenses permanecen detenidos en territorio ruso. El pasado 1 de agosto, un intercambio de prisioneros entre Moscú y países occidentales resultó en la liberación de 24 personas, entre ellas tres estadounidenses, sin embargo, Gilman no fue incluido en el canje.
La condena a Gilman se suma a una lista creciente de ciudadanos occidentales que enfrentan procesos judiciales en Rusia, lo cual ha llevado a Estados Unidos a intensificar sus esfuerzos diplomáticos para asegurar su liberación y evitar que los detenidos se conviertan en piezas de negociación política.
