El debate sobre la inclusión de niños inmigrantes en las escuelas estadounidenses ha ganado fuerza en medio de la campaña electoral, donde la migración es uno de los temas más divisivos. La discusión ha escalado a nivel nacional, generando preocupaciones sobre el acceso a la educación pública para niños de familias sin residencia legal.
El distrito escolar de Saugus, Massachusetts, se encuentra en el centro de la controversia tras aprobar una política que, según sus críticos, busca limitar la inscripción de estudiantes inmigrantes. La normativa exige prueba de residencia legal y contempla sanciones civiles y penales para quienes no cumplan. Aunque el distrito afirma que la medida tiene como objetivo “mejorar” los procesos de inscripción, algunos consideran que es un intento de excluir a los inmigrantes.
El tema trasciende las fronteras de Massachusetts, con políticos conservadores en estados como Texas, Oklahoma y Tennessee cuestionando si los inmigrantes sin documentación legal deben tener derecho a la educación pública. Esta postura ha generado temores sobre la posible revocación del fallo Plyler vs. Doe, una decisión de la Corte Suprema que, desde 1982, garantiza el acceso a la educación a todos los niños, independientemente de su estatus migratorio.
En el distrito de Saugus, las nuevas normativas exigen que los estudiantes presenten documentación migratoria y residan legalmente en la localidad. Además, las familias deben completar un censo, firmar una declaración de residencia y mostrar documentos como contratos de arrendamiento o declaraciones de impuestos. Según defensores de derechos civiles, estos requisitos discriminan a los niños de familias inmigrantes y violan las leyes federales.
A nivel nacional, figuras como el gobernador de Oklahoma, Ryan Walters, han pedido a los distritos escolares recopilar información sobre el impacto de la inmigración ilegal en los recursos educativos. Mientras tanto, el ex presidente Donald Trump, quien ha centrado su campaña en el control de la inmigración, ha criticado duramente el acceso de niños inmigrantes a las escuelas públicas, calificando la situación como un “desastre” para las aulas estadounidenses.
Por su parte, activistas legales y organizaciones de derechos civiles advierten sobre los intentos de socavar Plyler vs. Doe, especialmente con una Corte Suprema dominada por jueces conservadores que ya han revocado precedentes legales clave en otros temas. A pesar de la creciente presión para revisar la decisión de la Corte, muchos distritos escolares, como Tulsa en Oklahoma, han dejado claro que no revisarán el estatus migratorio de los estudiantes, en cumplimiento con las leyes federales.
El debate ha generado tensiones en comunidades con una creciente población inmigrante, donde los recursos escolares ya son limitados. Sin embargo, para muchos, negar el acceso a la educación sigue siendo una postura extrema y fuera de los valores fundamentales del país.
