La Corte Suprema de EEUU rechaza un acuerdo con un fabricante de medicinas que estipulaba protegerlo ante la demanda de familias por el costo de los opioides.
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el jueves un acuerdo a nivel nacional con el fabricante de OxyContin, Purdue Pharma, que habría protegido a los miembros de la familia Sackler, propietaria de la compañía, de demandas civiles por el costo de los opioides, pero que también habría proporcionado miles de millones de dólares para combatir la epidemia de opioides.
Después de deliberar más de seis meses, los magistrados, en una votación de 5 a 4, bloquearon un acuerdo elaborado con los gobiernos estatales y municipales y las víctimas. Los Sackler habrían aportado hasta 6.000 millones de dólares y habrían renunciado a la propiedad de la empresa, pero habrían retenido miles de millones más. El acuerdo establecía que la empresa saldría de la quiebra como una entidad diferente y sus ganancias se destinarían a tratamiento y prevención.
El juez Neil Gorsuch, representando a la mayoría, dijo que “nada en la ley actual autoriza la destitución de Sackler”.
El presidente del tribunal John Roberts y los magistrados Brett Kavanaugh, Elena Kagan y Sonia Sotomayor discreparon.
“Las víctimas de opioides y otras futuras víctimas de agravios masivos sufrirán mucho a raíz de la desafortunada y desestabilizadora decisión de hoy”, escribió Kavanaugh.
El tribunal superior había puesto el acuerdo en espera el verano pasado, en respuesta a las objeciones del gobierno del presidente Joe Biden.
No está claro qué sucederá después.
Los argumentos planteados a principios de diciembre duraron casi dos horas en una sala abarrotada cuando los jueces parecían, por turnos, poco dispuestos a alterar un acuerdo cuidadosamente negociado y reacios a recompensar a los Sackler.
La cuestión para los jueces era si el escudo legal que proporciona la quiebra puede extenderse a personas como los Sackler, que no se han declarado en bancarrota. Los tribunales inferiores habían emitido decisiones contradictorias sobre esa cuestión, que también tiene implicaciones para otras demandas importantes por responsabilidad de productos resueltas a través del sistema de quiebras.
