Los expertos señalan que persisten torturas en prisiones, detenciones arbitrarias y que al menos 19 altos cargos acusados de abusos siguen en puestos clave
A pesar de observarse ciertas mejoras limitadas en el panorama general del país, el aparato represivo del Estado venezolano, responsable de sistemáticas violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, continúa plenamente “intacto”. Así lo alertó este miércoles la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela en su más reciente informe de evaluación.
En el documento, que analiza la coyuntura del país sudamericano a lo largo de 2026 —un periodo profundamente transformado tras la operación militar estadounidense del 3 de enero que culminó con la captura del entonces mandatario Nicolás Maduro—, el panel de expertos reconoció algunos avances puntuales. No obstante, subrayó que estos no han venido acompañados de transformaciones institucionales estructurales que aseguren su permanencia en el tiempo.
“La reducción de algunas de las formas más severas de represión es sin duda significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles”, puntualizó la presidenta de la misión, la jurista y defensora de derechos humanos peruana Sofía Macher.
La misión —integrada además por el experto canadiense Alex Neve y la especialista mexicana-argentina María Eloísa Quintero— denunció que las normativas jurídicas empleadas para criminalizar la disidencia política continúan en pleno vigor, los servicios de inteligencia y cuerpos policiales preservan sus estructuras jerárquicas intactas y no se ha implementado ninguna acción estatal orientada a desarticular ni desarmar a los “colectivos”, facciones civiles armadas que operan como brazo de intimidación y choque violento.
De igual manera, el informe destaca con preocupación que al menos 19 funcionarios señalados nominalmente en reportes anteriores de Naciones Unidas como autores materiales o intelectuales de graves crímenes de lesa humanidad continúan ejerciendo funciones de mando y liderazgo dentro del aparato estatal.
Si bien los expertos constataron un descenso relevante en las desapariciones forzadas y en los encarcelamientos prolongados, junto a la liberación gradual de cientos de manifestantes, el informe certifica la persistencia de prácticas sistemáticas de tortura y tratos crueles. Se documentaron métodos inhumanos como la intubación forzada y el encierro en cisternas subterráneas desprovistas de ventilación (mecanismo conocido como “la máquina del tiempo”) en el centro penitenciario de máxima seguridad El Rodeo I, además del confinamiento en fosas militares y privación alimentaria en Fuerte Guaicaipuro.
Desde el 3 de enero, la misión ha contabilizado formalmente 64 denuncias comprobadas de torturas recientes y advirtió que entre 300 y 500 personas continúan privadas de su libertad por motivos estrictamente ideológicos o políticos en cárceles del territorio venezolano.
“Mientras no se desmantelen de raíz las estructuras represivas, no se garantice la independencia plena del poder judicial y no se procese penalmente a los culpables de crímenes internacionales, cualquier aparente apertura será sumamente frágil y fácilmente reversible”, concluyó Macher, exhortando a la comunidad internacional a no relajar la fiscalización sobre el respeto a las garantías fundamentales de la población venezolana.
