El Consejo de Ministros de Italia endurece las sanciones por desórdenes públicos, facilita la detención de menores desde los 14 años y despliega tropas en las calles
En una enérgica respuesta institucional tras los violentos desmanes y saqueos comerciales registrados durante el fin de semana en el centro histórico de Milán, el Consejo de Ministros de Italia aprobó con carácter urgente un decreto-ley de seguridad que introduce sanciones penales más severas y moviliza a las Fuerzas Armadas en tareas de vigilancia interior. La primera ministra, Giorgia Meloni, justificó la adopción inmediata de las medidas tras calificar de alarmante la masiva participación de adolescentes y jóvenes que provocaron incendios intencionados y destrozos en establecimientos comerciales mientras grababan sus acciones para difundirlas en redes sociales.
Despliegue de soldados y tipificación penal de desórdenes
El instrumento legislativo contempla la asignación extraordinaria de quinientos militares para reforzar la custodia de puntos estratégicos e infraestructuras sensibles en Milán hasta finales de año, permitiendo que un mayor número de agentes de la Policía de Estado y de los Carabinieri asuman labores de control del orden en las vías públicas. En el plano penal, la normativa crea una nueva figura delictiva para sancionar la participación grupal violenta en manifestaciones que comprometa la seguridad colectiva, fijando condenas de hasta cinco años de prisión y multas que alcanzan los veinte mil euros, agravándose las penas en caso de que los infractores porten el rostro cubierto o agredan a funcionarios policiales.
Responsabilidad civil de los padres e imputabilidad juvenil
Uno de los pilares más determinantes de la reforma radica en la traslación de la responsabilidad económica hacia las familias de los menores que protagonicen actos vandálicos. El decreto faculta a la administración pública a reclamar a los progenitores el coste total de los desperfectos ocasionados en el mobiliario urbano y los bienes privados, incorporando multas directas de entre quinientos y mil euros a los padres, cifra que se duplicará en situaciones de reincidencia probada.
De forma complementaria, el marco legal establece la presunción de capacidad penal para los adolescentes mayores de catorce años en lo relativo a la comprensión de sus actos ilícitos, facilitando la retención preventiva y el arresto diferido mediante el cotejo de grabaciones de videovigilancia y testimonios periciales. El Ejecutivo italiano anunció además el fortalecimiento de los tribunales de menores y la ampliación de plazas en los centros correccionales juveniles, una serie de determinaciones que entrarán en vigencia inmediata y deberán ser ratificadas por el Parlamento en un plazo constitucional de sesenta días.
