La gobernadora de Nueva York prometió que el caso no quedará impune, tras revelarse fallas de la fiscalía en revisar pruebas claves sobre la agresión grupal.
La conmoción y la exigencia de justicia se intensifican en torno al caso de una estudiante de la prestigiosa Universidad de Cornell, presuntamente agredida de manera grupal en una casa de fraternidad durante 2024. El hecho ha tomado una amplia dimensión pública y política luego de que la gobernadora del estado de Nueva York interviniera de manera contundente al advertir públicamente que las autoridades estatales no tolerarán que el proceso quede en la sombra ni se desestimen los testimonios de la víctima.
Nuevos registros obtenidos recientemente, entre los que figuran transcripciones de chats de Snapchat, actas de un comité disciplinario interno y documentación del protocolo federal sobre Título IX, han puesto bajo tela de juicio tanto la actuación de las autoridades de la institución educativa como de la Fiscalía del Condado de Tompkins. Los informes indican que los fiscales rechazaron examinar pesquisas y testimonios adicionales recopilados por la policía del campus, basando de forma apresurada su decisión de no presentar cargos penales en una declaración preliminar de seis páginas.
El fiscal de distrito del condado, Matthew Van Houten, sostuvo que las pruebas complementarias de los investigadores universitarios carecían de pertinencia dado el relato inicial de la estudiante, postura que desató severas críticas ciudadanas y motivó la designación de un fiscal especial para asumir la causa. Al mismo tiempo, la investigación disciplinaria realizada por la universidad derivó en sanciones como expulsiones y suspensiones para varios de los señalados, además de la clausura definitiva de la fraternidad involucrada en el recinto académico.
Frente al descontento generalizado y la reapertura formal de las averiguaciones penales, diversas organizaciones y agrupaciones estudiantiles han convocado movilizaciones y actos de protesta frente a las instalaciones del campus para exigir una rendición de cuentas integral, demandando reformas estructurales en la prevención de la violencia de género y un acompañamiento oportuno que no desampare a las denunciantes ante la justicia ordinaria.
