El mes pasado, los legisladores de Iowa aprobaron rápidamente un proyecto de ley que le permitiría a la policía local arrestar a algunos inmigrantes indocumentados y daría a los jueces estatales el poder de ordenar deportaciones. Este miércoles, la gobernadora del estado firmó la ley que, si bien no entrará en vigor hasta el 1 de julio, Acosta y otros defensores dicen que la preocupación y la confusión ya son altas en las comunidades de inmigrantes.
“Me afecta cuando veo el miedo en sus caras. No saben qué hacer”, dice Acosta, “a pesar de que llevan 10 o 15 años viviendo aquí y esta es su casa”.
Iowa se encuentra entre al menos nueve estados que este año han evaluado restricciones que reflejan partes de la ley de inmigración de Texas conocida como SB4, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Las propuestas aún están pendientes de aprobación en algunos estados. En otros, no se aprobó.
Se desconoce cómo los funcionarios harían cumplir y financiarían la medida de Iowa, conocida como SF 2340. Es probable que enfrente desafíos legales, lo que significa que su implementación podría retrasarse o incluso bloquearse en los tribunales, como ha sucedido hasta ahora con la ley de Texas que la inspiró. Sin embargo, los defensores dicen que esta incertidumbre no ha aliviado las preocupaciones sobre la posible discriminación racial y la erosión de la confianza entre las autoridades y las comunidades.
“¿Cómo deportarías a alguien? ¿Y quién? (…) Nadie sabe cómo podría aplicarse o se aplicaría esta ley”, dice Erica Johnson, directora ejecutiva del Movimiento de Migrantes por la Justicia de Iowa.
Esta estudiante universitaria ya decidió que abandonará su estado
Enya Cid no piensa quedarse para averiguarlo.
El próximo mes, la joven de 21 años se graduará en ciencias políticas de la Universidad Grand View en Des Moines.
El mes pasado revisaba las opciones de estudios de posgrado cuando los legisladores de Iowa votaron para aprobar el proyecto de ley de inmigración. Cid dice que eso la impulsó a tomar una decisión difícil sobre su futuro.
“Ya no quiero vivir en un estado donde siento que no me valoran”, comenta Cid, quien fue traída a Estados Unidos desde México cuando era una niña pequeña y asegura que ha vivido en Iowa durante los últimos 18 años.
Cid explica que solicitó una visa U, que brinda residencia legal y protección contra la deportación a las víctimas de delitos, y dice que le otorgaron un permiso de trabajo mientras su solicitud está pendiente. Pero teme que eso no impida que ella y muchos otros inmigrantes indocumentados en una situación similar sean objeto de la nueva medida.
Además de la nueva ley de Iowa, Cid dice que varios proyectos de inmigración en el estado no lograron ser aprobados por la legislatura. En conjunto, han “causado mucho caos y miedo en mi comunidad”, afirma.
Ahora, dice, a pesar de su reciente aceptación en la escuela de posgrado de la Universidad de Iowa, esa opción está descartada. Planea abandonar el estado y considerar otros programas en Arizona y Nuevo México, donde espera estudiar planificación urbana.
“Puede que no tenga derecho a votar”, comenta, “pero puedo votar con los pies”.
La aprobación de la SF 2340 en Iowa, dice Cid “me hizo sentir insegura”.
Pero incluso cuando se vaya de Iowa, Cid afirma que muchos de los miembros de su familia que ama se quedarán. Ella es muy consciente de que no todo el mundo puede darse el lujo de marcharse.
“Por más fácil que me resulte considerar mudarme, hay muchas personas en Iowa que han echado raíces aquí durante más de dos décadas”, dice. “Tienen negocios aquí. Son dueños de casas. Tienen hijos que nacieron y crecieron aquí”.
Cid dice que ha tratado de tranquilizarlos.
“He tratado de explicar la ley lo mejor que puedo”, afirma. “No estamos seguros de cómo (el fiscal general) haría cumplir esto. Soy una especie de voz que les dice: ‘Vayamos día a día y veamos cómo resulta’”.
