La administración del expresidente Donald Trump ha solicitado a la Corte Suprema de EE.UU. apoyo para implementar una controvertida política migratoria que permitiría deportar a personas a países que no son ni su lugar de origen ni donde poseen estatus legal. Entre los destinos señalados se encuentra Sudán del Sur, una nación con un historial de conflicto armado y denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Esta estrategia, promovida desde el retorno de Trump al poder, permitiría al Departamento de Seguridad Nacional ejecutar deportaciones sin previo aviso y sin ofrecer a los migrantes la oportunidad de demostrar un temor creíble de persecución, tortura o incluso muerte en el país de destino.
El debate legal tomó fuerza después de que un intento de traslado a Sudán del Sur se frenara judicialmente. La Corte Suprema recibió el caso apenas unos días después de que saliera a la luz la intención del Gobierno de efectuar las deportaciones sin procesos de apelación adecuados.
El Departamento de Justicia defendió la medida ante el alto tribunal, argumentando que EE.UU. enfrenta una crisis migratoria en la que “los casos más urgentes suelen ser los más difíciles de resolver”.
En respuesta a una demanda presentada por migrantes afectados, el juez federal Brian Murphy ordenó en marzo que no se ejecutaran deportaciones a terceros países sin aviso previo por escrito y sin una audiencia donde los afectados puedan expresar su temor de ser enviados a entornos peligrosos. Murphy consideró que el intento del Gobierno de Trump de trasladar migrantes a Sudán del Sur violó directamente esta orden.
La más reciente decisión del juez, fechada el 21 de mayo, requiere que los migrantes reciban al menos 72 horas de aviso antes de entrevistas clave, y, en caso de no ser considerados en riesgo, se les otorguen 15 días para apelar su deportación.
La Casa Blanca argumenta que estas limitaciones ponen en riesgo la política exterior de EE.UU. y aseguran que ya existen mecanismos para evitar que los deportados enfrenten tortura, como obtener garantías diplomáticas del país receptor.
No obstante, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito rechazó una solicitud para suspender la decisión del juez Murphy, aludiendo a riesgos de “daño irreparable” en caso de deportaciones incorrectas.
En paralelo, surgieron reportes de que el Gobierno contemplaba trasladar migrantes a Libia, país cuestionado por abusos a los derechos humanos. Esta posibilidad encendió las alarmas de grupos defensores de los migrantes y provocó una nueva moción de emergencia. El gobierno libio negó cualquier coordinación al respecto con las autoridades estadounidenses.
