El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que, a partir de 2025, el examen de naturalización sufrirá modificaciones importantes como parte de una “revisión en varios pasos” del proceso para obtener la ciudadanía.
El examen de educación cívica pasará de 100 a 128 preguntas posibles, y los solicitantes deberán responder 20 en lugar de 10. Para aprobar será necesario contestar correctamente al menos 12 preguntas, frente al estándar anterior de 6. Según USCIS, aproximadamente el 75% del contenido será similar al actual, mientras que un 25% incluirá nuevos temas.
La evaluación se seguirá realizando de manera oral durante la entrevista de ciudadanía. El oficial de inmigración hará únicamente las preguntas necesarias para determinar si la persona aprueba o no.
Este cambio marca un nuevo capítulo en la historia de la prueba, que existe desde principios del siglo XX y ha sido modificada en distintas ocasiones. En 2020, durante la administración de Donald Trump, se implementó una versión más extensa con mayor enfoque en historia y política, pero fue revertida en 2021 por el presidente Joe Biden, quien reinstauró la versión de 2008.
Ahora, USCIS sostiene que estos ajustes buscan garantizar que los futuros ciudadanos comprendan mejor la estructura del gobierno estadounidense y se integren plenamente a la sociedad. Además, se han anunciado medidas adicionales como revisiones más estrictas de antecedentes, un análisis riguroso de excepciones por discapacidad y una mayor atención a la conducta moral y comunitaria de los solicitantes.
El organismo adelantó que esta será solo la primera de varias actualizaciones en el proceso de naturalización que se darán a conocer en los próximos meses.
Caso destacado: abuela inmigrante enfrenta deportación tras 33 años en EE.UU.
En un hecho paralelo que ha generado controversia, autoridades migratorias detuvieron en California a Harjit Kaur, una mujer india de 73 años que ha vivido más de tres décadas en Estados Unidos.
Kaur llegó en 1992 como madre soltera y desde hace más de 13 años asistía puntualmente a sus citas de supervisión con ICE, incluso tras el rechazo de su solicitud de asilo. Su familia y organizaciones comunitarias aseguran que la mujer ha trabajado, pagado impuestos y cumplido con la ley, sin historial delictivo.
La detención ha despertado críticas de defensores de inmigrantes, quienes califican el caso como “innecesario y cruel”, especialmente por los problemas de salud que enfrenta la mujer. Más de 10,000 personas ya han firmado peticiones en línea solicitando su liberación.
Este caso refleja las tensiones que persisten en torno a la política migratoria y sus efectos en comunidades con larga trayectoria en el país.
