El proceso de deportación en Estados Unidos ha evolucionado significativamente en los últimos años, adaptándose a nuevas estrategias, acuerdos internacionales y cambios en las políticas migratorias. Aunque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sigue liderando estos procedimientos, ahora cuenta con un mayor respaldo de gobiernos extranjeros y la participación de empresas privadas especializadas en detención y traslado de migrantes.
Aceleración en las Deportaciones y Uso de Nuevos Recursos
Desde el inicio de la administración Trump, las redadas y deportaciones masivas han sido una prioridad. En su primera semana de gobierno, se registraron entre 1,000 y 1,200 deportaciones diarias, según cifras de ICE. Estas operaciones abarcan todo el país, incluyendo zonas sensibles como escuelas, iglesias y hospitales, generando preocupación en comunidades migrantes.
Para optimizar el proceso, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha incorporado aviones militares para repatriar migrantes a América Latina. Esta estrategia ha generado tensiones diplomáticas con países como Colombia y México.
Transformaciones en el Proceso de Repatriación
Antes de 2017, los migrantes detenidos recibían asistencia consular para verificar su identidad y obtener documentos de viaje. Sin embargo, durante la administración Trump, estos procedimientos fueron reducidos debido a acuerdos con países centroamericanos.
“Antes se validaba la identidad de cada persona con documentos oficiales, pero esto cambió y ahora en muchos casos se acepta la declaración del detenido sin una verificación exhaustiva”, explicó una exfuncionaria consular salvadoreña.
Algunas naciones, como El Salvador, eliminaron la asistencia consular para migrantes detenidos en EE.UU., dificultando aún más su proceso de retorno.
Cómo Funciona la Deportación en la Actualidad
En 2024, ICE continúa liderando las deportaciones con un enfoque en migrantes con antecedentes criminales o considerados una amenaza para la seguridad nacional. Según su último informe, se prioriza la expulsión de individuos vinculados a actividades delictivas graves, terrorismo o violaciones de derechos humanos.
El gobierno también ha implementado medidas más agresivas, como el uso de aviones militares para agilizar los traslados. La Casa Blanca publicó recientemente imágenes de estos vuelos, lo que generó reacciones mixtas y tensiones diplomáticas con varios países latinoamericanos.
El Pentágono ha destinado aeronaves como los C-17 y C-130 para estas operaciones, con costos que pueden superar los 70,000 dólares por hora de vuelo.
Expansión del Negocio de Detención y Deportación
Con el aumento en deportaciones, empresas privadas han visto una oportunidad de crecimiento en la gestión de centros de detención. Según la ACLU, compañías como Management and Training Corporation (MTC), Core Civic y GEO Group Inc. han ampliado sus contratos con el gobierno estadounidense.
Estos centros de detención operan en estados clave como Texas, California, Nuevo México y Michigan. Informes recientes revelan que algunas instalaciones ya están en proceso de expansión, anticipando un incremento en la cantidad de deportaciones.
Mientras algunos países latinoamericanos, como Perú, han anunciado planes de reinserción laboral para sus ciudadanos deportados, la falta de coordinación entre gobiernos sigue siendo un desafío en el manejo de esta crisis migratoria.
