Tras registrarse cerca de dos mil detenciones y cientos de policías y docentes heridos, el Gobierno francés anuncia acciones de responsabilidad civil contra las familias de los menores
El sistema educativo de Francia atraviesa una de sus mayores crisis recientes luego de que el Ministerio de Educación ordenara el cierre de aproximadamente cuatrocientos liceos a escala nacional para intentar contener una ola de protestas estudiantiles que degeneró en violentos disturbios callejeros, bloqueos institucionales y cuantiosos daños materiales. La movilización, surgida inicialmente en los alrededores de París y extendida velozmente a urbes estratégicas como Marsella, obligó a migrar a modalidades de clases telemáticas ante el riesgo latente para la integridad física de los alumnos y el colapso temporal de los servicios de transporte público provocado por las barricadas y la quema de vehículos.
De acuerdo con los balances oficiales divulgados por el Ministerio del Interior, las intervenciones de las fuerzas de seguridad han derivado en la detención de casi dos mil personas, de las cuales el noventa por ciento corresponde a menores de edad. Los choques con las unidades antidisturbios han dejado un saldo de unos trescientos agentes lesionados, además de sesenta y cinco trabajadores escolares heridos, entre ellos cuarenta directores de centros que intentaron mediar o proteger las instalaciones ante los conatos de incendio y el lanzamiento de proyectiles por parte de grupos radicales que, según las autoridades, han instrumentalizado la agitación juvenil.
Aunque las reclamaciones de los manifestantes se fundamentan en demandas legítimas sobre jornadas escolares extenuantes, la falta reiterada de personal docente y el deterioro térmico de las aulas durante los meses de calor, el Ejecutivo encabezado por Emmanuel Macron endureció drásticamente su postura frente al vandalismo. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, instruyó a las fiscalías generales del país a exigir con celeridad la responsabilidad civil y patrimonial solidaria de los progenitores por los destrozos ocasionados por sus hijos bajo la premisa categórica de que quien rompe los bienes públicos debe responder a través de los bolsillos familiares.
En el terreno político, la gestión gubernamental del conflicto ha encendido un intenso debate parlamentario, con acusaciones directas de Darmanin hacia sectores de la izquierda radical por alentar la desobediencia civil en lugar de canalizar el diálogo institucional. Mientras el ministro de Educación, Édouard Geffray, sostiene reuniones de emergencia con confederaciones de padres de familia, sindicatos de profesores y representantes de los consejos escolares para encontrar una salida negociada al conflicto, las autoridades mantienen un despliegue policial reforzado en las principales ciudades para impedir que la escalada de desórdenes paralice por completo la actividad educativa del país.
