El gobierno de Venezuela ha solicitado a la Interpol emitir una alerta roja contra el presidente de Argentina, Javier Milei, y dos funcionarias de alto rango de su administración, alegando su implicación en el supuesto “robo” de un avión perteneciente al Estado venezolano. La petición, que también incluye a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se da en medio de un creciente conflicto diplomático entre ambas naciones.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó este lunes en conferencia de prensa que se ha formalizado la solicitud de detención internacional contra los tres funcionarios argentinos por presuntos delitos de lesa humanidad y apropiación indebida de la aeronave. “Hemos solicitado la inclusión con alerta roja en Interpol contra estos sujetos. La solicitud ha sido remitida, esperemos a ver cómo actuará Interpol”, declaró Saab.
El anuncio del fiscal venezolano se produce poco después de que la justicia argentina emitiera su propia orden de arresto contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello. La medida argentina se basa en el principio de jurisdicción internacional de los derechos humanos y acusa a los altos funcionarios venezolanos de estar implicados en crímenes de lesa humanidad.
Saab calificó la decisión de la justicia argentina como un acto de “venganza” y ridiculizó el fallo, comparándolo con una copia escolar. “Es un caso de ‘copiones’, como los estudiantes que se copian del compañero de al lado”, comentó de manera irónica.
El conflicto entre ambos países se intensificó después de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitiera una orden de detención contra Milei y sus funcionarias, alegando su participación en un supuesto “robo agravado”, lavado de dinero, privación ilegítima de libertad, y otros cargos relacionados con el manejo del avión venezolano retenido en Argentina desde 2022.
El avión en cuestión, un Boeing 747 con matrícula YV3531, operado por la compañía estatal venezolana Emtrasur, fue inicialmente retenido en Argentina durante el gobierno del expresidente Alberto Fernández. Posteriormente, la aeronave fue incautada por las autoridades estadounidenses bajo el argumento de violación de sanciones y supuestos vínculos con actividades terroristas, y trasladada a Estados Unidos a principios de este año, donde fue desmantelada.
La tripulación del avión, compuesta por 14 venezolanos y 5 iraníes, fue detenida temporalmente y sometida a una investigación, pero más tarde fueron liberados sin cargos.
La Cancillería venezolana también se pronunció sobre el caso, calificando la orden de detención argentina como “írrita” y “sin fundamento legal”. En un comunicado, señalaron que la decisión representa una violación de las inmunidades y privilegios que protegen a los presidentes y funcionarios de alto rango. “Esta absurda decisión busca socavar el Estado de derecho internacional, reduciendo el papel de las instituciones multilaterales y afectando la legitimidad del sistema jurídico global”, declaró la Cancillería venezolana.
En respuesta, Argentina afirmó que el caso del avión fue gestionado por el Poder Judicial, asegurando que la separación de poderes en el país garantiza que el Ejecutivo no puede interferir en decisiones judiciales. Además, la Cancillería argentina subrayó que Venezuela no respeta la independencia judicial y opera con una falta de división de poderes.
El conflicto se ha visto agravado por la solicitud de Argentina a la Corte Penal Internacional (CPI) a principios de este mes para emitir una orden de arresto contra Maduro, señalando las denuncias de violaciones de derechos humanos en el país caribeño.
Con estas recientes acciones, la disputa diplomática entre Venezuela y Argentina parece intensificarse, marcando un nuevo capítulo en las tensiones políticas de la región.
