La justicia mexicana ha dictado una sentencia histórica en el caso conocido como la “Masacre de San Fernando”. Once individuos han sido condenados a 50 años de prisión por su participación en una serie de crímenes atroces que conmocionaron al país hace más de una década.
Los hechos, ocurridos entre 2010 y 2012 en el estado de Tamaulipas, incluyeron el asesinato de 72 migrantes y la desaparición de numerosas personas que viajaban en autobuses por la región. Las autoridades atribuyen estos actos al cártel de los Zetas, que en ese momento dominaba la zona.
La investigación reveló un patrón macabro: los criminales interceptaban autobuses en ruta hacia ciudades fronterizas, secuestrando a pasajeros bajo la sospecha de que pertenecían a grupos rivales. Los cautivos eran sometidos a interrogatorios y, en algunos casos, forzados a participar en brutales pruebas de lealtad.
El descubrimiento de 48 fosas clandestinas con 196 cuerpos en San Fernando en 2011 expuso la magnitud de esta tragedia. Los hallazgos forenses revelaron detalles escalofriantes, como cráneos destrozados y la presencia de martillos en las fosas, confirmando los horrendos métodos empleados por los criminales.
Esta sentencia marca un paso importante en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias. Sin embargo, el caso también subraya los desafíos persistentes en la región, donde el crimen organizado continúa amenazando la seguridad de migrantes y residentes por igual.
La fiscalía federal, que inició la investigación en 2012, ha logrado este resultado tras años de trabajo. No obstante, la identificación de todas las víctimas sigue siendo una tarea pendiente, recordándonos la complejidad y el impacto duradero de estos crímenes en la sociedad mexicana.
