En Bolivia, una exfiscal ha denunciado su despido después de liderar una investigación por trata y tráfico de personas que involucra al expresidente Evo Morales. Sandra Gutiérrez, quien desempeñaba su cargo en la región de Tarija, afirmó que la destituyeron tras negarse a abandonar el caso que relaciona a Morales con un presunto delito que afecta a una menor de edad.
Gutiérrez declaró en una entrevista para la cadena Bolivia TV que recibió la orden de dejar la investigación “de la manera más grosera”. Al no ceder, fue removida de su cargo, lo cual, según sus palabras, representa una maniobra para proteger a Morales. Sin embargo, el fiscal general, Juan Lanchipa, desestimó estas acusaciones y atribuyó la destitución a “errores de procedimiento” y “negligencia” en el manejo del caso, asegurando que las investigaciones continuarán sin interrupción.
Evo Morales responde a las acusaciones
El expresidente Evo Morales, actualmente en el Chapare, una zona cocalera donde cuenta con un fuerte apoyo, reaccionó a las noticias a través de su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter), afirmando: “No me extraña, ni me preocupa! Todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron… ¡No tengo miedo! ¡No me callarán!”.
Este incidente no es la primera controversia legal que enfrenta Morales. En 2020, durante el gobierno interino de Jeanine Áñez, se intentó abrir un caso en su contra después de que aparecieran fotografías de una menor de edad en su teléfono celular. Sin embargo, dicho proceso no prosperó, al igual que otros intentos anteriores de llevar al exmandatario ante la justicia.
Tensión en el MAS y en el gobierno boliviano
La situación se complica en el contexto de una creciente división en el partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS). Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, ha señalado su intención de postularse en las elecciones presidenciales de 2025, lo que lo enfrenta con el actual presidente Luis Arce. La lucha por el control del partido ha intensificado la pugna interna, afectando la estabilidad del gobierno y polarizando a sus seguidores.
Por su parte, el presidente Arce ha acusado a Morales de instigar protestas en su contra y de debilitar su administración. El abogado de Morales, Carlos Romero, confirmó que existen otros cuatro procesos abiertos contra el exmandatario, pero no proporcionó detalles específicos sobre los casos.
Críticas a la justicia boliviana
La reactivación de las investigaciones contra Evo Morales ha generado un debate sobre la imparcialidad de la justicia en Bolivia, la cual ha sido criticada en repetidas ocasiones por organismos internacionales por su falta de independencia. En este sentido, el analista político Marcelo Silva comentó que la disputa entre Morales y Arce ha “dañado la institucionalidad democrática, la economía y ha afectado profundamente a la justicia en el país”.
La oposición también se pronunció, calificando el caso de “circo político”. La senadora opositora Andrea Barrientos ironizó en su cuenta de X: “¿Realmente piensan que Evo Morales va a ir preso?”.
Contexto internacional y repercusiones
La controversia se produce poco después de que el presidente argentino Javier Milei retirara a Morales el estatus de refugiado político que le había otorgado su predecesor Alberto Fernández en 2019. La medida se tomó tras las tensiones generadas por el conflicto postelectoral en Bolivia en 2019, que culminó con la renuncia de Morales y dejó un saldo de 37 fallecidos.
La situación de Evo Morales sigue generando titulares tanto a nivel nacional como internacional, y el futuro de su participación política sigue siendo incierto en medio de estos procesos judiciales en su contra.
