El sistema judicial peruano ha dictado una sentencia histórica contra el exlegislador Freddy Díaz, condenándolo a 13 años de prisión por agredir sexualmente a una colaboradora de su oficina en 2022. Este caso ha marcado un precedente en la lucha contra la impunidad en los altos cargos políticos del país.
La presión ciudadana jugó un papel crucial en el desarrollo del caso, forzando al Congreso a retirar la inmunidad parlamentaria de Díaz. Esta acción permitió que el exlegislador fuera sometido a un juicio ordinario, culminando en la sentencia anunciada el jueves por la Sala Penal de la Corte Suprema.
Además de la pena privativa de libertad, Díaz deberá pagar una indemnización superior a los 94,000 dólares y someterse a terapia. Su encarcelamiento se extenderá hasta 2036, habiendo estado en prisión preventiva desde febrero de 2023.
Este caso se suma a una serie de incidentes de violencia sexual que han sacudido diversas instituciones peruanas, incluyendo el ejército y la policía. Tales eventos han intensificado el debate sobre la necesidad de reforzar las medidas contra el acoso y la agresión sexual en entornos laborales y oficiales.
La sentencia contra Díaz refleja un avance en la lucha contra la impunidad, especialmente en un contexto donde el Congreso peruano enfrenta una crisis de credibilidad, con una desaprobación del 94% según recientes encuestas. Este veredicto podría representar un paso hacia la restauración de la confianza pública en el sistema judicial y político del país.
