La capital mexicana se ha convertido en el epicentro de una intensa controversia política y social. Una propuesta impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para elegir por voto popular a los casi 7,000 jueces del país ha desencadenado una ola de protestas y un acalorado debate nacional.
Empleados judiciales, estudiantes y diversos sectores de la sociedad civil han rodeado la sede legislativa en señal de rechazo a la iniciativa. Los manifestantes argumentan que esta reforma pondría en riesgo la independencia del poder judicial, un pilar fundamental del Estado de derecho.
La tensión escaló cuando los opositores bloquearon los accesos a la Cámara de Diputados, obligando a los legisladores a trasladar la sesión a un polideportivo cercano. Mientras tanto, la Suprema Corte se unió a un paro de labores iniciado por la judicatura federal hace dos semanas, evidenciando la amplitud del descontento.
A pesar de la resistencia, el partido oficialista Morena y sus aliados, respaldados por su mayoría parlamentaria, insisten en llevar adelante la reforma. Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena, afirmó categóricamente: “Esta reforma va”, argumentando que responde al mandato popular expresado en las urnas.
La oposición, por su parte, ha calificado la medida como un ataque a la República. La diputada Paulina Rubio Fernández del Partido Acción Nacional (PAN) llegó a declarar dramáticamente: “Que se inaugure un muro de la vergüenza que diga que hoy comenzó la caída de la República”.
La controversia ha trascendido las fronteras nacionales, generando preocupación en socios comerciales como Estados Unidos y Canadá. El embajador estadounidense en México, Ken Salazar, advirtió sobre las posibles consecuencias negativas para las relaciones bilaterales si la reforma no se implementa adecuadamente.
Mientras el debate continúa, la presidenta electa Claudia Sheinbaum defiende la propuesta, asegurando que fortalecerá el Estado de derecho y la democracia en México. Sin embargo, críticos como Javier Reyes, un trabajador judicial, temen que la reforma pueda conducir a un control partidista del Poder Judicial, poniendo en jaque la separación de poderes.
La reforma aún debe pasar por el Senado y ser ratificada por los estados, lo que promete mantener vivo el debate y las protestas en los próximos días. Este episodio marca un momento crucial en la política mexicana, poniendo a prueba el equilibrio entre la voluntad popular y la independencia institucional.
