El gobierno chileno planea erigir una nueva prisión de alta seguridad en Santiago para enfrentar el creciente desafío del crimen organizado, según anunció recientemente el presidente Gabriel Boric.
La instalación, con un costo estimado de 95 millones de dólares, tendrá capacidad para 500 reclusos. Este proyecto forma parte de una estrategia más amplia que busca duplicar las plazas de máxima seguridad en el país, actualmente limitadas a 600. Además, se contempla ampliar en 200 plazas las cárceles del norte de Chile, región que ha experimentado un aumento en la actividad delictiva organizada.
“Nuestro objetivo es mantener el control estatal de las prisiones, evitando situaciones como las ocurridas en otros países donde el crimen organizado ha tomado el mando”, explicó Boric tras una reunión de seguridad con su gabinete.
El mandatario adelantó que presentará una iniciativa legislativa para agilizar los trámites de construcción, enfatizando la necesidad de contar con el apoyo del Congreso dada la urgencia de la situación.
Este anuncio surge en un contexto de creciente preocupación por la seguridad pública, especialmente tras recientes tiroteos en Santiago que dejaron varios fallecidos, incluyendo adolescentes. Boric confirmó la detención de sospechosos en ambos casos.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, aclaró que el enfoque no será replicar el modelo de “megacárceles” como en El Salvador, sino aspirar a estándares penitenciarios europeos.
Desde su asunción en 2022, el combate a la delincuencia ha sido una prioridad para el gobierno de Boric, reflejándose en un aumento significativo del gasto en seguridad y en la creciente inversión privada en este sector, respuesta a la preocupación ciudadana por el tema.
