La Amazonía boliviana se encuentra en estado crítico debido a los devastadores incendios forestales que asolan el país desde hace más de dos meses. En un giro dramático de los acontecimientos, el Defensor del Pueblo de Bolivia ha tomado medidas legales contra altos funcionarios gubernamentales, acusándolos de negligencia en la prevención y manejo de esta catástrofe ecológica.
Pedro Callisaya, representante de la institución, presentó una acción popular ante el Tribunal de Justicia en La Paz, señalando a tres ministros y tres gobernadores como responsables de la falta de acciones preventivas. “Nuestra casa se está quemando por irresponsabilidad”, declaró Callisaya, reflejando el sentimiento de urgencia y frustración que permea en la sociedad boliviana.
El gobierno, presionado por diversos sectores, ha reaccionado declarando una “pausa ambiental” que prohíbe las quemas provocadas. Además, el presidente Luis Arce anunció el traslado de su gabinete a Santa Cruz, epicentro de la crisis, para coordinar acciones inmediatas.
Los datos oficiales revelan la magnitud del desastre:
- Cerca de 4 millones de hectáreas afectadas
- 40% de áreas boscosas dañadas
- 60% de pastizales consumidos por el fuego
La calidad del aire en las principales ciudades se ha deteriorado drásticamente, especialmente en Santa Cruz, donde se concentran los mayores focos de incendio. Esta situación ha obligado a suspender clases presenciales en varias regiones amazónicas, recurriendo a la enseñanza virtual.
El Ministerio de Defensa ha informado sobre la adaptación de aviones Hércules militares para combatir las llamas, ante la escasez de recursos aéreos especializados.
La crisis actual evoca los devastadores incendios de 2019, con expertos advirtiendo que, de no controlarse, podrían superarse las 5 millones de hectáreas consumidas en aquella ocasión.
Mientras tanto, crece el clamor popular exigiendo la derogación de leyes que permiten quemas con fines agrícolas, práctica que, según el gobierno, es responsable del 90% de los incendios actuales.
Esta situación pone de manifiesto la urgente necesidad de políticas ambientales más estrictas y un manejo sostenible de los recursos naturales en Bolivia, país clave para el equilibrio ecológico de Sudamérica.