La reciente declaración del presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha arrojado luz sobre los verdaderos objetivos de la controvertida reforma judicial propuesta por su administración. Contrario a las afirmaciones previas de que se trataba simplemente de una medida para fortalecer la democracia, AMLO confirmó que los cambios están dirigidos específicamente a contrarrestar la influencia de empresas extranjeras en el país.
La reforma, que propone la elección de jueces por voto popular, ha generado preocupación entre inversores internacionales y cámaras de comercio extranjeras. Argumentan que estos cambios podrían comprometer la independencia judicial y poner en riesgo las inversiones en México.
“¿Van a seguir defendiendo a las empresas extranjeras que vienen a saquear, a robar, a afectar la economía de los mexicanos?”, cuestionó AMLO, revelando el enfoque nacionalista detrás de la iniciativa.
Este giro en la narrativa ha puesto en una posición delicada a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien ha intentado calmar a los inversores extranjeros mientras defiende la continuidad de las políticas de AMLO. Sheinbaum, que asumirá el cargo el 1 de octubre, enfrenta el desafío de equilibrar las promesas de campaña con la necesidad de mantener la confianza internacional.
La reforma ha desencadenado protestas en todo México, con jueces, empleados judiciales y estudiantes expresando su preocupación por la posible pérdida de independencia del poder judicial. Críticos advierten sobre los riesgos de que los nuevos jueces electos puedan sentirse más leales a sus votantes o al partido gobernante que a la ley misma.
El debate se intensifica en torno a sectores clave como el energético, donde AMLO ha criticado abiertamente a empresas extranjeras por debilitar el control estatal. La reforma judicial parece ser parte de una estrategia más amplia para reafirmar la soberanía nacional en áreas económicas estratégicas.
Mientras México se prepara para esta transición de poder, la comunidad internacional observa de cerca cómo se desarrollará la implementación de esta reforma y su impacto en el clima de inversión del país. El desafío para la nueva administración será conciliar las aspiraciones de soberanía económica con la necesidad de mantener a México como un destino atractivo para la inversión extranjera.