En Estados Unidos, instituciones educativas se encuentran en alerta debido a la incertidumbre que podrían generar posibles deportaciones masivas en caso de que Donald Trump, actual presidente electo, cumpla con su promesa de campaña. Aunque las acciones no se han materializado, el impacto psicológico en estudiantes y familias inmigrantes ya se siente en muchas comunidades.
Durante la primera administración de Trump, rumores sobre redadas en escuelas causaron temor en distritos como el de Gustavo Balderas, entonces superintendente en Oregon. Sin evidencia real, el miedo llevó a que muchos estudiantes dejaran de asistir a clases, y el personal tuvo que intervenir para devolver la confianza a las familias.
Ahora, con un posible segundo mandato, directivos como Balderas, actual superintendente en Beaverton, Oregón, están diseñando estrategias para proteger a los estudiantes. Una de las prioridades es preparar al personal para impedir el ingreso de agentes migratorios a los planteles escolares.
Impacto en las Familias y Respuestas Educativas
El temor a las deportaciones ya afecta a los hijos de inmigrantes, quienes temen por su seguridad y la de sus familias. Según Almudena Abeyta, superintendente en Chelsea, Massachusetts, los niños expresan preocupaciones directas como: “¿Nos van a deportar?”.
A pesar de las políticas que prohíben operaciones de inmigración en “lugares delicados” como escuelas, hospitales y lugares de culto, organizaciones como la Heritage Foundation han propuesto eliminar estas restricciones en el plan Proyecto 2025, que serviría de guía para un nuevo gobierno de Trump.
Educadores y expertos legales advierten que las amenazas, incluso verbales, sobre deportaciones masivas afectan directamente el aprendizaje de los estudiantes. Hiroshi Motomura, profesor de Derecho en UCLA, señala que estas dinámicas inhiben la capacidad de las familias para funcionar y de los niños para concentrarse en su educación.
Preparativos en los Distritos Escolares
En varios estados, escuelas han comenzado a colaborar con abogados de inmigración para ayudar a las familias a planificar el cuidado de sus hijos en caso de ser deportados. Sin embargo, muchos administradores se enfrentan a dilemas políticos, temiendo represalias o la desaprobación de juntas escolares conservadoras.
En Denver, por ejemplo, las políticas del distrito incluyen resoluciones que limitan el acceso de agentes federales a la información y a los estudiantes sin una orden judicial. Estas medidas se basan en la idea de que el miedo interfiere con el derecho constitucional a una educación pública gratuita, sin importar el estatus migratorio.
