Los Ángeles, California – El gobierno de California ha iniciado acciones legales contra el expresidente Donald Trump por el despliegue de la Guardia Nacional sin el consentimiento estatal, en respuesta a protestas contra operativos migratorios en Los Ángeles.
Según el fiscal general Rob Bonta y el gobernador Gavin Newsom, esta intervención representa una violación de la Décima Enmienda de la Constitución, ya que el control sobre las fuerzas de la Guardia Nacional corresponde a los estados, no al Ejecutivo federal. Ambos líderes consideran que el despliegue fue innecesario, ya que las autoridades locales tenían la situación bajo control.
“Fue una decisión sin fundamento legal ni operativo. No se justificaba militarizar la protesta”, declaró Bonta, quien subrayó que esta acción vulnera derechos institucionales y respalda la demanda para que el acto sea declarado inválido.
Newsom señaló que, en situaciones de emergencia reales —como incendios forestales o manifestaciones fuera de control— el estado ha hecho uso legítimo de la Guardia Nacional, pero este no era el caso. En su opinión, la decisión de Trump sobrepasó los límites del poder presidencial.
La disputa escaló cuando Tom Homan, exasesor de políticas migratorias bajo la administración Trump, sugirió que tanto Newsom como la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, podrían enfrentar consecuencias legales por oponerse al mandato federal. Sin embargo, posteriormente aclaró que no existen planes para arrestarlos, aunque advirtió que el gobierno federal no permitirá obstrucciones a sus políticas.
El enfrentamiento entre ambos niveles de gobierno vuelve a poner en el centro del debate la autonomía de los estados frente al poder federal, especialmente en temas tan sensibles como la seguridad y la migración.
