Los Ángeles (EE.UU.)
La política migratoria en Estados Unidos vuelve a estar en el centro del debate tras el reciente impulso del expresidente Donald Trump por limitar el Estatus de Protección Temporal (TPS), generando preocupación entre miles de familias inmigrantes.
Aunque el TPS para El Salvador sigue vigente —hasta septiembre de 2026 gracias a la administración Biden—, la incertidumbre reina. En semanas recientes, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó la cancelación del programa para más de 800.000 migrantes de Venezuela y Haití. Además, cerca de 76.000 personas originarias de Honduras, Nicaragua y Nepal también perderán este beneficio.
El TPS ofrece un alivio temporal a quienes huyeron de sus países por desastres naturales o conflictos armados, permitiéndoles vivir y trabajar legalmente en EE.UU. Sin embargo, las autoridades argumentan que en varios de estos países las condiciones ya no justifican esa protección.
Durante su primer mandato, Trump intentó eliminar el TPS para seis naciones, aunque estas acciones fueron detenidas por demandas judiciales. De no haber sido así, más del 98 % de los beneficiarios activos en 2017 habrían quedado desprotegidos. La mayoría de ellos eran salvadoreños, uno de los grupos más amplios dentro del programa.
Las tensiones aumentaron aún más cuando el expresidente se refirió a países como El Salvador y Haití con comentarios despectivos. Estas declaraciones fueron presentadas en los tribunales como prueba de posibles motivaciones discriminatorias tras su intento de cancelar el programa.
Aunque Trump mantiene una relación cercana con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, las familias salvadoreñas en EE.UU. temen quedar en un limbo legal. Activistas como Teresa Tejada denuncian obstáculos como retrasos en la renovación de permisos y la confusión que enfrentan tanto empleadores como autoridades.
Casos recientes, como la detención de Rodolfo Villanueva Aguilar y su hijo, ponen en evidencia lo frágil que es la situación de quienes aún están bajo la protección del TPS. Diversas organizaciones en defensa de los migrantes insisten en que desmontar este programa no solo afecta a individuos, sino a comunidades enteras que han echado raíces en EE.UU. y contribuyen activamente a su desarrollo.
