Washington.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una ampliación de su política de restricciones migratorias al incorporar siete nuevos países a la lista de naciones con prohibición de ingreso, además de limitar el uso de documentos emitidos por la Autoridad Nacional Palestina para trámites migratorios.
La medida, formalizada esta semana mediante una proclamación oficial, refuerza los controles fronterizos ya existentes y se justifica —según la administración— como una acción preventiva para fortalecer la seguridad nacional. Entre los países afectados se encuentran Siria y varias naciones de África y Asia, que ahora enfrentan un veto total para el ingreso a territorio estadounidense.
El endurecimiento de estas políticas se produce tras un ataque ocurrido semanas atrás, atribuido a un ciudadano de origen afgano, hecho que reactivó el debate interno sobre los mecanismos de verificación de antecedentes de personas extranjeras. A partir de este contexto, el gobierno argumenta que algunos países no cuentan con sistemas confiables de intercambio de información, lo que dificulta evaluar posibles riesgos.
De acuerdo con el mandato presidencial, ciudadanos procedentes de países como Mali, Níger y Burkina Faso no podrán ingresar al país bajo ninguna categoría. El documento sostiene que la falta de cooperación gubernamental en materia de datos de seguridad representa una amenaza potencial, por lo que se opta por una exclusión preventiva.
La normativa también introduce restricciones específicas relacionadas con documentos emitidos por autoridades palestinas, una decisión que podría tensar las relaciones diplomáticas. No es la primera vez que se imponen limitaciones de este tipo, ya que anteriormente funcionarios de esa región enfrentaron obstáculos para participar en eventos internacionales en Estados Unidos.
Con esta ampliación, la lista de países con veto total se suma a otros que ya estaban bajo prohibición desde meses anteriores, como Irán, Libia y Afganistán. En total, cerca de veinte naciones enfrentan ahora un cierre completo de fronteras, mientras que otras permanecen bajo controles parciales o condiciones especiales.
El debate sobre el alcance y las consecuencias de estas decisiones continúa abierto, tanto en el ámbito político como judicial. No obstante, la proclamación presidencial permanece vigente, basada en el argumento de que es preferible restringir el acceso antes que asumir riesgos sin información suficiente.
