En un giro inesperado, una corte federal de apelaciones ha permitido que Texas conserve, por el momento, la controvertida barrera flotante instalada en el río Bravo. Esta decisión marca un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre el gobierno estatal de Texas y la administración Biden sobre las políticas migratorias en la frontera sur.
La barrera, que se extiende por una longitud equivalente a tres campos de fútbol, fue colocada en uno de los puntos más transitados para cruces irregulares entre Eagle Pass, Texas, y Piedras Negras, Coahuila. Su propósito declarado es disuadir la migración irregular desde México.
El fallo del pleno de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito anula una decisión previa que ordenaba la remoción de las boyas. Esta resolución llega en vísperas de un juicio más amplio, programado para agosto, donde el gobierno federal acusa a Texas de violar la Ley de Ríos y Puertos.
El Departamento de Justicia ha expresado preocupaciones sobre las implicaciones humanitarias y ambientales de la barrera, además de su posible impacto en la política exterior estadounidense. Por su parte, Texas defiende la medida como necesaria para el control fronterizo.
Este desarrollo subraya la continua tensión entre las autoridades estatales y federales en cuanto al manejo de la inmigración, un tema que sigue siendo central en el debate político nacional.
