Una jueza federal de California frenó parcialmente los planes de la administración del expresidente Donald Trump y otorgó un respiro a cerca de 60,000 inmigrantes beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) de Honduras, Nicaragua y Nepal.
El fallo, emitido por la jueza Trina Thompson, extiende el TPS hasta noviembre, fecha en la que se realizará una audiencia clave para definir el futuro de estos programas. La mayoría de los beneficiarios llevan más de dos décadas viviendo en Estados Unidos, contribuyendo con su trabajo, pagando impuestos y formando parte activa de sus comunidades.
En su resolución, Thompson cuestionó las acciones tomadas durante la administración Trump, señalando que las decisiones para poner fin al TPS no se basaron en un análisis objetivo de la situación en cada país, sino en una determinación previa de cancelarlo.
“La libertad de vivir sin miedo y la oportunidad del sueño americano es lo que buscan los demandantes”, escribió Thompson, destacando que muchos de ellos llegaron tras desastres naturales y nunca han cometido delitos.
La demanda fue presentada el 7 de julio por la Alianza Nacional del TPS y un grupo de beneficiarios, alegando que las decisiones del gobierno anterior estaban motivadas por prejuicios raciales.
Por qué se otorga el TPS
El Estatus de Protección Temporal permite a personas de países afectados por desastres naturales o conflictos armados residir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
- Honduras y Nicaragua recibieron TPS en 1999 tras el paso del huracán Mitch.
- Nepal fue añadido en 2015, luego de un devastador terremoto.
En los últimos años, la administración Trump intentó terminar el programa para varios países, entre ellos Venezuela y Haití, lo que provocó múltiples demandas.
Nuevos requisitos para obtener “green cards” por familia
De forma paralela, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció cambios en los criterios para aprobar visas de inmigrante basadas en la familia, incluyendo las conocidas “green cards” por matrimonio.
A partir de agosto, las solicitudes serán evaluadas con mayor rigor para confirmar que las relaciones sean auténticas y cumplan con la ley. USCIS advirtió que una petición aprobada no implica protección contra la deportación y que los casos fraudulentos dañan la confianza en este proceso y afectan la unidad familiar en el país.
