El caso del trágico incendio en un centro de detención migratoria en Ciudad Juárez, México, que cobró la vida de 40 migrantes en 2023, sigue sin resolverse. Un juez local ha impedido que Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración (INM), presente un plan de compensación que podría haber cerrado la investigación penal en su contra.
La decisión judicial, tomada el lunes, se fundamenta en la existencia de recursos pendientes por resolver, tanto de la defensa como de los representantes de las víctimas. Esta medida ha sido recibida con satisfacción por organizaciones como la Fundación para la Justicia, que abogan por la continuación de la investigación para determinar el grado de responsabilidad de Garduño.
Marcos Zavala, abogado de la Fundación, expresó: “Las víctimas nos han hecho una exigencia: que no hay ninguna compensación económica que pueda restituirles sus derechos o a sus familiares”. El objetivo principal es asegurar que todos los responsables enfrenten un proceso penal en igualdad de condiciones.
El incidente, ocurrido el 27 de marzo de 2023, reveló condiciones deplorables en el centro de detención, donde aproximadamente 70 hombres estaban hacinados en un dormitorio cerrado con candado y sin ventilación adecuada. Un incendio provocado como protesta se propagó rápidamente, mientras las cámaras de seguridad grababan a los guardias abandonando el lugar sin auxiliar a los detenidos.
Este suceso, considerado el más letal en la historia de los centros migratorios mexicanos, ha puesto de manifiesto las deficiencias en el trato a los migrantes por parte del INM, un problema denunciado desde hace años por diversas organizaciones de derechos humanos.
Además de Garduño, otros funcionarios y agentes migratorios enfrentan cargos relacionados con el incidente. El caso sigue abierto, manteniendo viva la esperanza de justicia para las víctimas y sus familias, mientras se busca una resolución que aborde las fallas sistémicas en el manejo de la migración en México.
