Un juez federal de Estados Unidos determinó que al menos 137 hombres venezolanos, expulsados en 2025 hacia una prisión en El Salvador, deben tener la oportunidad de volver al país norteamericano o recibir audiencias legales adecuadas, tras considerar que no se les otorgó el debido proceso durante su deportación.
La decisión, emitida por el magistrado James Boasberg, establece que la administración debe presentar un plan para permitir el regreso de estas personas o bien organizar audiencias en las que puedan impugnar sus expulsiones o designaciones relacionadas con supuestos vínculos a grupos criminales.
El juez afirmó que los migrantes “fueron removidos sin la notificación ni la oportunidad de defenderse”, lo cual es un derecho garantizado por la Constitución y por la ley estadounidense, y que esto representa una violación de sus garantías procesales.
Según lo ordenado, el regreso de los venezolanos podría hacerse de forma individual o mediante vuelos coordinados hacia puntos de ingreso en Estados Unidos, donde podrían quedar bajo la custodia de las autoridades migratorias mientras prosiguen sus trámites judiciales.
Parte de estos hombres fueron originalmente enviados bajo una ley federal poco utilizada —la Alien Enemies Act de 1798— en marzo de 2025, y más tarde algunos fueron retornados a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros, aunque el fallo de Boasberg subraya que sus derechos constitucionales persisten independientemente de su paradero actual.
