Una nueva regla impulsada por el Departamento de Justicia (DOJ) podría otorgar un mayor poder de decisión en casos de inmigrantes, como el cierre administrativo de casos, lo que podría beneficiar a miles de personas.
La propuesta será publicada oficialmente en el Registro Federal para recibir los comentarios públicos correspondientes, pero el documento al que tuvo acceso este diario adelanta que se busca terminar con las limitaciones a jueces migratorios, impuestas durante la Administración de Donald Trump.
Aunado a ello, la Administración Biden busca codificar varios procedimientos judiciales de inmigración, incluida la capacidad de los jueces para “cerrar administrativamente” un caso, es decir, eliminar el expediente de un inmigrante en proceso de deportación bajo ciertas circunstancias.
Si bien el cierre administrativo del caso no otorgar un estatus migratorio legal a una persona, eso complica que sea procesada para la deportación por parte de la agencia de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)
El cambio tendría impacto en la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), donde se integra a los jueces, así como a la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).
El documento recuerda que el cierre administrativo se había utilizado desde la década de 1970, pero su aplicación no está codificada, lo cual permitió que la Administración Trump intentara cancelar esa opción.
