ICE amplía facultades para ingresar a viviendas sin orden judicial, según documento interno
Agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estarían aplicando una nueva directriz que les permitiría ingresar a viviendas sin una orden judicial firmada por un juez, de acuerdo con un memorando interno obtenido por The Associated Press. La medida representa un giro relevante frente a criterios históricos diseñados para respetar los límites constitucionales en este tipo de operativos.
El documento autoriza a los agentes a forzar la entrada a una residencia basándose únicamente en una orden administrativa, siempre que la persona tenga una orden final de deportación. Activistas y expertos legales advierten que esta práctica podría entrar en conflicto con la Cuarta Enmienda, que protege a las personas contra registros y allanamientos sin autorización judicial.
Este cambio se produce en medio de un aumento de arrestos migratorios impulsado por la política de control fronterizo del gobierno del presidente Donald Trump, lo que ha modificado las tácticas de aplicación de la ley en distintas ciudades del país.
Durante años, organizaciones de defensa y autoridades locales han recomendado a las comunidades inmigrantes no abrir la puerta a agentes migratorios sin una orden firmada por un juez, una orientación respaldada por fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos. El nuevo memorando debilita ese consejo en un contexto de operativos más frecuentes.
Según una denuncia de un informante, el documento no se ha distribuido de forma generalizada dentro de ICE, pero sí se estaría utilizando para capacitar a nuevos agentes, incluso por encima de manuales oficiales que contradicen esta instrucción.
No está claro cuán extendida ha sido su aplicación. Sin embargo, The Associated Press presenció un operativo en Minneapolis el 11 de enero, donde agentes ingresaron a una vivienda con equipo táctico y armas largas, apoyándose únicamente en una orden administrativa.
El memorando fue firmado el 12 de mayo de 2025 por el director interino de ICE, Todd Lyons. En él se afirma que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) considera que la Constitución y las leyes migratorias no prohíben este tipo de acciones. No obstante, el texto no detalla el análisis legal ni las posibles consecuencias jurídicas.
Consultada por AP, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, señaló que las personas sujetas a estas órdenes ya han pasado por un proceso legal completo y cuentan con una orden final de deportación.
