La alegría de salir de la cárcel tras 19 años tras las rejas, por un crimen que no cometió, se vio rápidamente ensombrecida para Sandra Castañeda, quien inmediatamente fue privada de su libertad, esta vez por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
Los agentes de migración la aguardaban para detenerla en cuanto cruzó la puerta de la prisión para mujeres de Chino, California. Y posteriormente se la llevaron a un centro de detención federal donde ahora enfrenta la deportación a México, país del que salió cuando tenía 9 años.
La vida de Sandra dio un giro de 180 grados el 10 de mayo de 2002, cuando iba manejando un auto en el que viajaba junto a varias amigas. El paseo acabó en tragedia cuando una de sus acompañantes sacó una pistola y les disparó a dos personas, hiriendo a una y matando a otra.
Castañeda fue detenida por las autoridades.
Pese a que la mujer nunca fue acusada de jalar del gatillo ni de planear el ataque, fue condenada a cadena perpetua.
Lo anterior se dio en virtud de una ley en California que dictaba que cualquier persona implicada en un delito grave que terminara en homicidio podía sufrir las mismas consecuencias que quien lo cometiera.
En julio del año pasado, una corte anuló la condena de Castañeda basándose en una nueva ley de California que eliminó esa regla que había llevado a sentencias injustas.
Pese a que Castañeda tenía permiso para residir de manera legal en el país, las leyes migratorias permiten a las autoridades deportar a no ciudadanos que son considerados “un riesgo para la comunidad”.
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