El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó una ley que endurece todavía más las políticas migratorias del estado al prohibir los contratos públicos con empresas que brinden ayuda y transporte a inmigrantes, incluidos los menores no acompañados.
Además, amplía la definición de “política de santuario” para evitar que ciudades o condados de Florida limiten o prohíban que las policías locales proporcionen información migratoria a las autoridades federales, que tienen la competencia exclusiva en esta materia.
Las agencias del orden que operan algún centro de detención deberán a partir de ahora firmar un acuerdo con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), para participar en el programa 287(g), por el que agentes locales realizan funciones de aplicación de la ley de inmigración.
El republicano anunció además la formación de una “fuerza de ataque” conformada por efectivos de fuerzas del orden estatales como la Patrulla de Carreteras y agentes locales para detener a traficantes de humanos y narcotraficantes.
Así, la ley, denominada SB 1808, penaliza a organizaciones religiosas como Caridades Católicas por cuidar a niños migrantes que llegan al país sin la compañía de sus padres y a aquellos que se encuentran en un estado de vulnerabilidad al negarles las licencias estatales.
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