Más de 20 estados en Estados Unidos, liderados por legisladores republicanos, han impulsado iniciativas para sancionar a funcionarios locales que no acaten las políticas migratorias federales, incluyendo posibles multas, demandas e incluso penas de cárcel.
Legislación en contra de las ciudades santuario
Estos proyectos buscan prohibir las llamadas “políticas de santuario”, que limitan la cooperación con las autoridades de inmigración. Algunos estados ya tienen estas prohibiciones, pero ahora buscan castigar directamente a alcaldes, concejales y otros funcionarios que las infrinjan.
En Georgia, una ley propuesta por el senador republicano Blake Tillery permitiría demandar a cualquier funcionario que implemente políticas de santuario. El proyecto ya fue aprobado por el Senado estatal y está en proceso en la Cámara de Representantes.
Sin embargo, esta medida genera preocupación entre los opositores, quienes temen que los cuerpos policiales retengan a inmigrantes más tiempo del permitido para evitar sanciones legales. La senadora estatal de Georgia, Nikki Merritt, criticó la legislación, argumentando que se presiona injustamente a las fuerzas del orden.
Acciones legales del gobierno federal
Paralelamente, el gobierno federal ha tomado acciones legales contra jurisdicciones que limitan la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El Departamento de Justicia ha demandado a Illinois, Chicago y el condado de Cook por presunta violación de leyes federales.
Sanciones más estrictas en varios estados
En Luisiana, la fiscal general Liz Murrill demandó a la policía de Nueva Orleans por presuntamente no cumplir con la prohibición estatal de políticas de santuario. Mientras tanto, Dakota del Sur aprobó una ley que impide restricciones a la comunicación entre autoridades estatales y federales sobre estatus migratorio.
Florida y Tennessee han implementado leyes más severas. En Florida, los funcionarios locales que no cooperen con ICE pueden enfrentar multas de hasta 5,000 dólares. En Tennessee, los funcionarios que voten a favor de políticas de santuario podrían enfrentar hasta seis años de prisión.
Wyoming y Nueva Hampshire también han avanzado en regulaciones similares. Wyoming incluso plantea penas de hasta 10 años de cárcel y multas de hasta 20,000 dólares para funcionarios que desobedezcan las leyes migratorias.
Impacto en la comunidad migrante
Las organizaciones defensoras de inmigrantes han alertado sobre el posible aumento del miedo y la desconfianza en comunidades vulnerables. También advierten que estas medidas podrían afectar la relación entre las fuerzas del orden y la población inmigrante, dificultando la denuncia de delitos y la colaboración en investigaciones criminales.
