El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el entonces presidente Donald Trump, estableció un nuevo límite máximo para la admisión de refugiados en el país, reduciendo la cifra anual a 7.500 personas, el nivel más bajo desde que comenzó el programa de reasentamiento en 1980.
De acuerdo con un documento de la Casa Blanca, la administración republicana señaló que las admisiones priorizarían a ciertos grupos, incluyendo a personas que enfrentan discriminación o persecución en sus países de origen. Dentro de esa categoría, se mencionó a algunos ciudadanos sudafricanos de origen blanco, lo que generó un intenso debate político y social.
Desde el inicio de su mandato, Trump impulsó una serie de políticas más restrictivas en materia migratoria. A través de órdenes ejecutivas, limitó significativamente el ingreso de refugiados, argumentando que el programa debía proteger los “intereses nacionales” de Estados Unidos.
Entre las pocas excepciones que se mantuvieron vigentes, se permitió el ingreso de los afrikáners, descendientes de colonos neerlandeses en Sudáfrica. Esta decisión se produjo luego de que Trump afirmara, sin respaldo de pruebas, que dicho grupo era víctima de violencia sistemática en su país.
Las declaraciones del expresidente provocaron tensiones diplomáticas con Sudáfrica, especialmente tras la aprobación de una ley de expropiación de tierras en ese país. La controversia también despertó críticas por parte de organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos.
Diversos organismos humanitarios manifestaron su preocupación por la drástica reducción de admisiones. El International Rescue Committee recordó que el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos (USRAP) ha sido durante décadas un ejemplo de solidaridad global, instando al gobierno a reconsiderar sus políticas y permitir la entrada de quienes ya han cumplido todos los controles de seguridad.
