En Estados Unidos, organizaciones de derechos civiles y varios estados han denunciado que datos personales de millones de personas fueron compartidos con autoridades migratorias, poniendo en riesgo la privacidad de quienes acceden a beneficios como Medicaid o SNAP.
La medida se originó durante la administración de Donald Trump, que impulsó cambios en la normativa de privacidad para facilitar el cruce de información entre agencias federales. Esto permitió que registros sensibles —como direcciones, fechas de nacimiento o números de seguro social— fueran utilizados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para ubicar y detener inmigrantes.
El problema se agrava con el uso de sistemas de inteligencia artificial que procesan grandes volúmenes de datos, lo que, según expertos, aumenta la capacidad de vigilancia y reduce la protección ciudadana.
Reportes señalan que millones de expedientes de programas de salud y asistencia alimentaria ya han sido transferidos a ICE, pese a que en los formularios estatales se prometía confidencialidad. Esto ha encendido alarmas en comunidades vulnerables y debilitado la confianza en las instituciones públicas.
El 1 de julio, California y otros 20 estados interpusieron una demanda contra el gobierno federal, argumentando que el traspaso de información viola las leyes de privacidad y expone datos médicos sensibles. Organizaciones sociales, escuelas y servicios de salud también se sumaron al reclamo, advirtiendo que no solo los inmigrantes están en riesgo: cualquier ciudadano podría ser vigilado bajo este nuevo esquema de control.
El debate ya está en los tribunales y su desenlace marcará un precedente sobre hasta dónde puede llegar el gobierno en el uso de datos personales. Para defensores de la privacidad, esta lucha representa un paso clave para proteger derechos fundamentales y garantizar que la democracia se base en la confianza y no en el temor.
