Un juez federal en Tennessee dará la aprobación final de una conciliación por la cual el Gobierno pagará $1.17 millones de dólares a decenas de inmigrantes capturados durante una redada en una planta de procesamiento de carnes hace casi cinco años.
Los demandantes alegaron que los agentes federales violaron los derechos civiles de los trabajadores, incluyendo el uso excesivo de la fuerza y el haberlos arrestado por la mera razón de su grupo étnico.
De acuerdo con la conciliación, las personas incluidas en la demanda colectiva recibirán un total de $550,000 dólares y, si la solicitan, obtendrán una carta del Servicio de Control Inmigración y Aduanas (ICE) confirmando su pertenencia al grupo que podrá incluirse si tramitan beneficios migratorios.
Además, el Gobierno federal deberá pagar $475,000 dólares a seis de esas personas para resolver sus demandas por uso excesivo de la fuerza y arresto ilegal, y más $150,000 dólares para cubrir los gastos de abogados y de las organizaciones que respaldaron la querella de los trabajadores.
La redada del 5 de abril de 2018, la mayor del país en un sitio de trabajo en una década, la llevaron a cabo agentes del ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Recaudación Interna (IRS), la Patrulla de Caminos de Tennessee y el Departamento de Policía de la ciudad de Morristown, del condado de Hamblen.
Más de 150 niños y niñas fueron afectados por la detención de sus padres o madres, y al día siguiente de la redada casi 600 escolares no asistieron a clase debido al temor en la comunidad.
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