El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una nueva política de restricciones de visas dirigida a ciudadanos centroamericanos que colaboren de manera intencional con intereses del Partido Comunista Chino (PCCh) en la región. Según la medida, se negará la entrada a quienes financien, respalden o desarrollen actividades que afecten el Estado de derecho en Centroamérica.
El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que esta política también alcanza a familiares directos de los sancionados. “Aquellos que hayan participado en este tipo de actividades no podrán ingresar a Estados Unidos”, afirmó.
La Casa Blanca recalcó que estas acciones buscan proteger la seguridad nacional y la estabilidad económica de la región, además de enviar un mensaje de rendición de cuentas para quienes colaboren con actores extranjeros que desestabilicen el hemisferio.
Refuerzo de controles migratorios y fraudes con visas
De manera paralela, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció que ampliará sus equipos de investigación y aplicación de la ley para combatir el fraude migratorio, en especial en casos relacionados con la residencia permanente (Green Card) y los matrimonios simulados.
Desde el inicio de la segunda administración del presidente Donald Trump, la agencia ha intensificado la revisión de solicitudes y ha emprendido campañas para advertir sobre las consecuencias legales de un matrimonio fraudulento. Según USCIS, casarse únicamente para obtener beneficios migratorios constituye un delito que puede resultar en multas, arrestos y deportación.
La nueva normativa, impulsada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, permitirá a los oficiales de USCIS llevar a cabo investigaciones con mayor autonomía, ordenar deportaciones aceleradas y trabajar de manera más estrecha con agencias como ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
“Con estas facultades podremos proteger mejor la integridad del sistema migratorio y responsabilizar a quienes lo utilicen de forma indebida”, señaló el director de USCIS, Joseph B. Edlow.
Procesos de deportación más rápidos
La implementación de estas medidas contempla la contratación de más agentes y la puesta en marcha de deportaciones aceleradas en casos de fraude documentado. Gracias a esta expansión, USCIS tendrá la capacidad de dirigir sus propias investigaciones sin depender por completo de otras agencias federales.
El plan entrará en vigor oficialmente 30 días después de su publicación en el Registro Federal, prevista para el 5 de septiembre. Con ello, las autoridades migratorias esperan optimizar la gestión de casos y reforzar la seguridad pública en Estados Unidos.
