Un tribunal federal de apelaciones en Nueva Orleans ha ratificado la prohibición que impide a los inmigrantes indocumentados poseer armas de fuego en Estados Unidos. Esta decisión surge tras el caso de un ciudadano mexicano que cuestionó la constitucionalidad de dicha ley.
El panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito argumentó que la prohibición sigue siendo válida, incluso considerando las recientes sentencias de la Corte Suprema que han ampliado los derechos sobre armas. Estas sentencias exigen que las restricciones de armas de fuego estén alineadas con la historia y tradición del país.
El juez James Ho, nombrado por el expresidente Trump, enfatizó en su opinión que no se deben extender derechos a inmigrantes indocumentados más allá de lo que la ley establece.
El caso en cuestión involucra a José Paz Medina-Cantu, arrestado en Texas en 2022 por posesión ilegal de armas y reingreso ilegal al país. Aunque se declaró culpable y recibió una sentencia de 15 meses, Medina-Cantu apeló argumentando que la prohibición violaba sus derechos bajo la Segunda Enmienda.
La defensa se basó en una decisión de 2022 de la Corte Suprema, conocida como el caso Bruen, que estableció nuevos criterios para evaluar las restricciones de armas. Sin embargo, el tribunal de apelaciones consideró que esta decisión no invalida su postura previa sobre los derechos de armas para inmigrantes indocumentados.
Esta resolución mantiene la línea dura en cuanto a la posesión de armas por parte de individuos sin estatus legal en el país, reflejando la compleja interacción entre las leyes de inmigración y los derechos constitucionales en Estados Unidos.
