La Corte Suprema de Arizona ha dado luz verde a una propuesta revolucionaria que podría cambiar drásticamente el panorama del control fronterizo en el estado. Esta medida, que se someterá a votación en noviembre de 2024, otorgaría a las fuerzas del orden locales la autoridad para realizar arrestos cerca de la frontera con México, marcando un hito en la política migratoria estatal desde la controvertida ley de 2010.
La Propuesta 314, como se conoce oficialmente, busca convertir el cruce irregular de la frontera en un delito estatal, además de otorgar a la policía local y estatal el poder de detener a los infractores. También contempla la posibilidad de que jueces estatales ordenen la deportación de personas a sus países de origen.
Entre sus disposiciones más polémicas, la propuesta incluye penas de hasta 10 años de prisión para quienes vendan fentanilo con consecuencias fatales, y exige una verificación más estricta de la elegibilidad de no ciudadanos para beneficios gubernamentales.
Los defensores argumentan que esta medida es necesaria debido a la percibida inacción del gobierno federal en el control fronterizo. Por otro lado, los opositores advierten sobre los riesgos de perfilado racial, daño a la reputación empresarial de Arizona y costos no previstos para las fuerzas policiales.
La decisión de la Corte Suprema estatal, encabezada por la jueza Ann A. Scott Timmer, rechazó las impugnaciones de grupos hispanos que alegaban que la propuesta violaba la regla constitucional de “tema único” para iniciativas legislativas.
Con esta resolución, Arizona se prepara para un intenso debate sobre inmigración, seguridad fronteriza y el papel de las autoridades locales en la aplicación de leyes federales, temas que sin duda dominarán la agenda política del estado en el próximo ciclo electoral.
