La justicia de Venezuela ha solicitado a la Interpol emitir una alerta roja contra el presidente de Argentina, Javier Milei, así como contra su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, por su presunta participación en el “robo” de un avión propiedad del Estado venezolano.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este lunes que ha solicitado formalmente la inclusión de estos tres altos funcionarios en la lista de búsqueda de Interpol. “Esperamos ver cómo procederá Interpol”, declaró Saab durante una conferencia de prensa.
Esta petición sigue a una acción similar realizada por la justicia argentina, que emitió órdenes de captura contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, acusándolos de crímenes de lesa humanidad. La solicitud de Venezuela es vista como una respuesta directa a la decisión de Argentina, que se basa en el principio de la jurisdicción internacional de los derechos humanos.
Saab calificó la acción de la justicia argentina como una “venganza” contra el Estado venezolano, y reiteró la intención del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de emitir medidas privativas de libertad contra Milei y sus funcionarias. En tono irónico, el fiscal agregó: “Están copiando, como los estudiantes que miran al compañero aventajado”.
Además, Saab volvió a criticar el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM), presentado la semana pasada ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que denunció el deterioro de la situación de derechos humanos en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. El fiscal venezolano calificó el informe como un acto de “piratería”.
La Cancillería venezolana también se pronunció, calificando la decisión de la justicia argentina como “írrita” y carente de competencia legal. “Esta decisión absurda busca socavar el derecho internacional, usurpando las funciones de los organismos multilaterales y afectando gravemente el sistema internacional”, se lee en un comunicado oficial.
Por su parte, la fiscalía venezolana investiga a los funcionarios argentinos por cargos que incluyen “robo agravado, lavado de dinero, privación ilegítima de libertad, simulación de hechos punibles, interferencia ilícita, inutilización de aeronaves y asociación para delinquir”. Todo esto en relación con un avión venezolano retenido en Argentina desde 2022.
El avión, un Boeing 747 con matrícula YV3531 operado por Emtrasur, filial de la aerolínea estatal Conviasa, fue incautado por las autoridades argentinas bajo acusaciones de violar sanciones internacionales y supuestos vínculos con el terrorismo. El avión, que anteriormente pertenecía a la aerolínea iraní Mahan Air, fue trasladado a Estados Unidos a inicios de 2023, donde quedó fuera de servicio. Su tripulación, compuesta por 14 venezolanos y cinco iraníes, fue temporalmente detenida, pero liberada tras una investigación.
El gobierno argentino ha defendido que el caso fue resuelto por el Poder Judicial, el cual, según la Cancillería, actúa de forma independiente y sin intervención del Ejecutivo. En un comunicado reciente, Argentina subrayó que en Venezuela no existe la división de poderes ni la independencia judicial.
Este enfrentamiento entre ambos países se intensificó cuando, a inicios de este mes, Argentina solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI) que emitiera una orden de arresto contra Nicolás Maduro.
