Argentina muestra señales de retroceso en derechos para comunidad LGBTQ bajo la gestión del presidente Javier Milei que ha criticado los movimientos como “ideología de género”, los despidos de personas transgéneros que llegaron al gobierno bajo una ley de cupo laboral han saltado las alarmas.
Luana Salva no había cumplido ni un año en el primer trabajo formal en toda su vida, como empleada de la Cancillería de Argentina, cuando un telegrama le avisó que sería parte de los miles de trabajadores estatales despedidos por el plan de ajuste del presidente libertario Javier Milei.
Desocupada, confiesa que podría volver a prostituirse. Las propuestas de trabajo formal y bien remunerado para una mujer trans de 43 años son escasas y más en el contexto de profunda crisis en el que la economía nacional continúa sumergida.
Argentina, un país que ha caminado en la vanguardia de América Latina en derechos para las minorías sexuales en la última década, está gobernado desde diciembre por un presidente que critica abiertamente el feminismo y rechaza las políticas de igualdad y no discriminación. Aunque no ha habido regresiones de calado en esos avances durante sus primeros meses de gobierno, los colectivos feministas y LGTBI+ ven en los pronunciamientos, advertencias y primeras medidas de Milei una amenaza de retroceso en los derechos ya conquistados.
Y una de las primeras derrotas ha sido para la ley de cupo laboral trans de 2021 que obligaba al Estado a contratar en el sector público a no menos del 1 % de personas travestis, transexuales y no binarias para fomentar su inclusión.
Si bien la norma estaba estancada sin haber cumplido totalmente sus metas por falta de recursos antes de la llegada al poder de Milei, ahora no solo quedó aparcada en un rincón sino que algunas de las contrataciones realizadas han sido liquidadas.
Unas 105 personas de este colectivo han perdido su trabajo como funcionarios en los últimos tres meses, según la Asociación de Trabajadores del Estado. Son pocas en un universo de 15.000 empleos públicos eliminados, pero para un grupo que, de forma crónica, ha visto la incorporación al mercado laboral como un imposible, cada despido es un retroceso vital.
“A nosotras la única opción que nos queda es la prostitución. No quiero, voy a cumplir 44 años y no me veo parada en una esquina, tomando frío, pasando violencia. Pensaba que se había terminado para mí”, se lamentó Salva, quien cumplía tareas administrativas desde julio del año pasado.
Esos despidos operaron en la comunidad trans como una confirmación de los temores que despertó la llegada del ultraliberal al poder por sus posturas antifeministas y contra la inclusión. El gobierno ha justificado el recorte de puestos de trabajo en una estrategia para equilibrar las cuentas fiscales, en un país con una inflación interanual de casi 288 % en marzo y una pobreza que supera el 40 %.
“El cupo para mí era la posibilidad de cambiar mi vida”, recalcó Salva en una entrevista en la biblioteca de la asociación civil Mocha Cellis, considerada la primera escuela trans-travesti del mundo. “Yo venía de un contexto de prostitución desde los 13 hasta los 39 años. Pensaba que no había más esperanza”.
