En una sesión maratónica que se extendió hasta altas horas de la madrugada, el Senado de México dio luz verde a una controvertida reforma del poder judicial. Esta iniciativa, impulsada por el partido gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), propone un cambio radical en la selección de jueces, pasando de un sistema de nombramiento a uno de elección popular.
La jornada estuvo marcada por momentos de tensión, incluyendo una interrupción forzada por manifestantes que irrumpieron en la cámara. Sin embargo, Morena logró asegurar los votos necesarios para aprobar la medida, con un resultado final de 86 a favor y 41 en contra.
Este paso legislativo representa un hito significativo en el proceso de enmienda constitucional, que ya había superado su trámite en la Cámara de Diputados la semana anterior. El Senado, considerado inicialmente como el mayor obstáculo para la propuesta, se convirtió en escenario de inesperados giros políticos, incluyendo la deserción de un legislador opositor del Partido Acción Nacional (PAN).
La reforma ha generado un intenso debate en la sociedad mexicana. Sus defensores argumentan que democratizará el poder judicial, mientras que los críticos temen una politización excesiva que podría comprometer la independencia de los jueces y, por ende, el equilibrio democrático del país.
Para entrar en vigor, la iniciativa aún debe ser ratificada por al menos 17 de las 32 legislaturas estatales de México. Dado el reciente fortalecimiento electoral de Morena en varias entidades, se prevé que este requisito se cumplirá sin mayores contratiempos.
Este cambio en el sistema judicial mexicano podría tener profundas implicaciones para el futuro de la democracia en el país. ¿Representará un avance hacia una justicia más cercana al pueblo o un retroceso en la separación de poderes? El tiempo y la implementación de la reforma serán los jueces últimos de esta transformación histórica.
